El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, confirmó que los beneficiarios de planes sociales otorgados por el Estado nacional deberán brindar una contraprestación obligatoria para mantener esa ayuda. Se prevé que la reforma se concrete hacia fines de febrero y que las tareas abarquen los rubros de la construcción, alimentos, industria textil, cuidado de personas y reciclado.
“El objetivo más claro es que las personas vayan pasando del plan social al trabajo”, dijo Arroyo al explicar la iniciativa que modificará las condiciones de la política de seguridad social brindada por el Gobierno.
Este cambio retoma el esquema inicial de contraprestaciones que ofrecía el Estado y que años atrás contempló tanto contraprestaciones laborales como la asistencia obligatoria a cursos de capacitación en distintas áreas. “Vamos en dirección de que las personas que tienen planes sociales puedan tener un trabajo”, destacó el ministro.
Antes de asumir en la cartera social, Arroyo había anticipado que esa modalidad podría retornar, como forma de motorizar pequeñas actividades barriales. De hecho, según anticipó durante una entrevista radial, la prueba piloto de la contraprestación será a través de la ampliación del programa “Pintando Escuelas”.
Con esta iniciativa, beneficiarios de algunos planes realizan pequeñas tareas en las instituciones educativas públicas sobre la base de convenios firmados por la Nación y los gobiernos provinciales. Por ello perciben un estipendio de 16.875 pesos. La idea es que con el cambio en ciernes “complementen el ingreso de los planes sociales”, agregó el funcionario.
Para ello también habrá capacitaciones que serán certificadas con la idea de que los beneficiarios tengan un comprobante para presentarlo en el futuro ante un demandante privado de mano de obra.
Según Arroyo, “la idea es poder extender el programa a cinco rubros: la construcción, para veredas, vivienda, cordón cuneta, infraestructura básica. También abarcará “la producción de alimentos, la industria textil, la economía del cuidado” de personas “y el reciclado”, especificó.
Fuentes oficiales explicaron a la agencia Noticias Argentinas (NA) que hay entre 350 mil y 400 mil personas que están en condiciones de sumarse a la iniciativa para mejorar sus ingresos y además mejorar su capacitación para luego buscar trabajo en el sector privado.
La iniciativa es elaborada por los ministerios de Trabajo, a cargo de Claudio Moroni; de Desarrollo Productivo, al frente de Matías Kulfas; y de Desarrollo Social, con Arroyo a la cabeza. También están involucradas la Secretaría de Economía Social, cuyo titular es Emilio Pérsico, y la Subsecretaría de Promoción de la Economía Social, al frente de Daniel Menéndez.