Tras el sobreseimiento de una mujer que llegaba acusada de transporte y venta de drogas, pero que era víctima de Trata de Personas, se deberá conformar un nuevo tribunal que llevará adelante el juicio contra la banda narco.
El miércoles, los jueces Enrique Lilljedahl, Juan Carlos Reynaga y el subrogante José Camilo Quiroga Uriburu, además de disponer en forma unánime el sobreseimiento de JR, resolvió la suspensión del juicio contra el resto de los imputados y puso en conocimiento de la Cámara Federal de Casación Penal que se inhibían de intervenir en esta causa.
Ante esta situación, queda en suspenso la realización del juicio contra la banda, que tiene imputado a 2 hombres oriundos de la provincia de La Rioja.
Los hechos
El más viejo de los hechos por los que JR había sido imputada y había llegado a juicio, ocurrió el 15 de noviembre del 2013 durante un control de ruta, en el departamento Paclín, en el que se detectaron cincuenta kilos de marihuana y un kilo de cocaína.
El procedimiento fue realizado por Gendarmería Nacional en La Viña, en donde un colectivo de la empresa Andesmar, proveniente de Las Termas de Río Hondo (Santiago del Estero), fue obligado a detenerse por disposición del personal de la Agrupación VIII.
Las drogas eran transportadas en la bodega y tenían como destino la provincia de La Rioja.
Por este hecho, la joven fue imputada por “transporte de estupefacientes agravado”. En tanto que la segunda acusación que pesaba en su contra fue por un episodio ocurrido en enero del 2016 cuando fue sorprendida en una garita de ómnibus con un bolso con marihuana. El procedimiento se realizó en el departamento Fray Mamerto Esquiú. La joven estaba en ese momento junto a una de sus hijas.
Estos procedimientos no eran episodios aislados. Formaban parte de un entramado de explotación sexual y en el que posteriormente fue obligada de transportar droga entre provincias, todas con destino en La Rioja.
La mujer radicó reiteradas denuncias por violencia y abusos sexuales. Estas causas no prosperaron y fueron cajoneadas. El efecto contrario se dio con los procesos por supuesta violación a la ley de estupefacientes que siguieron su curso y por los que la joven fue imputada y enviada a juicio oral.
El lunes pasado, 48 horas antes del comienzo del debate, el fiscal de Cámara, Rafael Vehils Ruiz solicitó que se haga una “separación de juicio” y pidió el sobreseimiento porque a su entender JR era víctima de Trata de Personas.
“En el caso es aplicable el artículo 5 de la ley 26364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, que establece que las víctimas de trata no son punibles por la comisión de cualquier delito que sea el resultado directo de haber sido objeto de trata y, en el caso en cuestión, también querellante en una denuncia por violación”, manifestó el representante del Ministerio Público Fiscal.
La fiscalía solicitó al tribunal “poner en crisis el sistema de justicia cuestionando desde su matriz, reconociendo a la violencia contra la mujer y abordarla como un fenómeno específico”, lo que implica un doble desafío para “poder identificar el universo de injerencia para evitar que el aparato represivo avance sobre aspectos que son tarea de otras áreas estatales y sociales, y cumplir de manera diligente la función de persecución penal en los que casos en los que el sistema de justicia debe intervenir, priorizando y jerarquizando la gravedad del fenómeno, incorporándolo a la agenda central de las instituciones y sofisticando la respuesta con estrategias de persecución penal eficaces y particularizadas y, en la medida de lo posible, unificando acciones”, dijo. n