*Por Juan Pablo Parrilla

La Rioja salió ayer al cruce de las declaraciones de un grupo de acreedores que habían acusado a la Provincia de romper las negociaciones para reestructurar la deuda generada por los bonos verdes en default e iniciaron un proceso sumario en la justicia de Nueva York para ejecutar los títulos.

En declaraciones que fueron reproducidas por Ámbito, el secretario de Finanzas Públicas de La Rioja, Marcelo Espinosa, informó que «la voluntad de diálogo desde la gestión del gobernador Quintela siempre está presente».

El funcionario insistió con los argumentos del gobierno provincial, similares a los que suele esbozar el presidente Alberto Fernández, sobre la necesidad de atender a la situación local y la «sostenibilidad» de la deuda. «El objetivo es llegar a un acuerdo que deje conforme a las dos partes. De hecho, tenemos contactos permanentes con los principales bonistas, en un marco de buena fe, pero también teniendo en claro el contexto que estamos viviendo, donde debemos atender además el gasto en salud pública y cuidar el trabajo a lo largo y ancho de nuestra provincia», manifestó Espinoza.

«Creemos que estamos en camino de resolver este tema, pero lo haremos en condiciones de sostenibilidad de la deuda y del cumplimiento del programa político de la provincia. La intención es lograr un acuerdo que permita sostener los compromisos de la deuda de la provincia, en las condiciones económicas que La Rioja tiene en la actualidad y se proyecta para los próximos años. El diálogo seguirá y siempre estaremos dispuestos a ello», insistió.

La provincia reaccionó de esta forma al anuncio del abogado Dennis Hranitzky, del estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, que representa a un grupo de fondos que presentaron una «moción de sentencia sumario» contra La Rioja ante la justicia neoyorquina, que es una suerte de proceso ejecutivo, relativamente rápido, para ejecutar un título por falta de pago.

Antes de ese anuncio, los bonistas habían denunciado tres cuestiones: que el default fue «innecesario y oportunista» porque las finanzas provinciales no están en rojo; que el gobierno de Quintela no contestó a la última contraoferta de sus acreedores; y que la propuesta de La Rioja fue muy inferior a la de otras nueva provincias que acordaron con los tenedores de sus bonos.

Para Marcelo Espinoza, esa comparación está fuera de contexto.  “Cada provincia tiene una realidad económica particular, una situación de hacienda específica y fuentes de repagos distintas. Estas particularidades impiden hacer comparaciones directas, entre La Rioja y las otras provincias que ya llegaron a acuerdo con los acreedores”, alegó el funcionario.

La Rioja tiene un punto a su favor en la negociación, que es su falta de activos en el exterior para ser embargados. Y la Corte Suprema ya ha rechazado en otro caso la posibilidad de ejecutar en el país una sentencia de un tribunal estadounidense por una deuda impaga. No obstante, el antecedente será una mochila para cualquier intento de la provincia de buscar financiamiento internacional, una cuestión que al inicio de la gestión de Quintela algunos funcionarios planteaban como algo clave para el crecimiento de la provincia y sus principales proyectos productivos, sobre todo los vinculados a energías renovables.

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