[REDACCIÓN EL FEDERAL] “No recibimos respuesta del Vaticano respecto a la denuncia de abuso sexual ocurrido en Cristo Orante”. Así lo manifestó Carlos Lombardi, abogado de la víctima que denunció a dos monjes por abuso sexual. En diálogo con la Tarde de la Red brindó detalles del caso en el que el obispo Dante Braida está acusado de no impulsar la investigación canónica contra uno de los acusados.
En 2018, un joven aspirante del monasterio Cristo Orante, en Mendoza, denunció que los monjes Diego Roqué y Oscar Portillo lo habían sometido sexualmente en más de una oportunidad. Ambos están procesados por el delito de abuso sexual con acceso carnal. En tanto, el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, su obispo auxiliar, Marcelo Mazzitelli, el obispo de La Rioja, Dante Braida, y otros tres sacerdotes fueron denunciados por el posible encubrimiento del caso dentro de la Iglesia.
En concreto, Braida fue la primera autoridad en trabajar en la investigación, y tal como muestra el expediente al que accedió EL FEDERAL gracias a un allanamiento judicial, el obispo de La Rioja decidió no investigar a Portillo.
El abogado Lomabri explicó por qué piensa que Braida no lo quiso investigar. “A priori consideran -creo- que al haber sido amontesado el cura con eso alcanzó y no puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Para nosotros la trampa está en el contenido del derecho canónico, porque para iniciar la invetsigación lo primero que debe hacer el obispo es amonestarlo, pero la amonestación es condición necesaria para luego seguir investigando”, señaló.
También sostuvo que es probable que quiso evitar una deuncia de abuso de menores, porque en el caso de Portillo, los abusos se habrán cometido cuando la víctima tenía 17 años y atravesaba una delicada situación personal, que el monje habría aprovechado para manipularlo y realizar los abusos.
La novedad, según confirmaron fuentes que conocen el caso, es que el otro monje, Diego Roqué, fue condenado por la Iglesia por haber violado el deber de castidad, lo que corrobora la versión que las autoridades eclesiásticas hicieron circular en redes sociales: que se trató de una relación sexual consentida y no de un abuso sexual.