*Por el Equipo de Investigación de EL FEDERAL
El 3 de julio de 2019 fue miércoles. Los diarios amanecieron en sus tapas con la derrota de la selección de fútbol contra Brasil y la renuncia de Christine Lagarde al FMI. En Córdoba, alguien se presentó ante la Policía Judicial y denunció el robo de los libros de actas de asamblea y de directorio de una empresa emblemática en La Rioja, Ledlar.
Así consta en un edicto publicado en el Boletín Oficial del 6 de diciembre de 2019, a través del cual la empresa solicitó la rubricación de los libros de Actas de Asamblea Nº 2 y de Directorio Nº 2, “en atención al robo de los ejemplares Nº 1 de los mismos acaecido con fecha 3/7/19 en la ciudad de Córdoba, conforme denuncia radicada en la Policía Judicial de la ciudad de Córdoba“.
EL FEDERAL se comunicó con dos directivos de la empresa. El presidente, José Bocchi, quien pidió que le enviaran las preguntas por correo electrónico y nunca volvió a responder, y Diulio Castro, quien cortó abruptamente la comunicación. La pregunta era muy sencilla: ¿qué hacían en Córdoba los libros contables de una empresa con sede en Chamical?
Tanto Bocchi (foto) como Castro se quedaron con un porcentaje de las acciones de la empresa cuando fue creada. No son pocas las fuentes consultadas que se han visto sorprendidas por el crecimiento económico de ambos. De hecho, dentro de la Ledlar, entre los empleados se repite esa idea: “comenzaron en Chamical con dos mangos y ahora son intocables”.
La pérdida de los libros contables es más que sugestiva, sobre todo porque no fue en La Rioja. Lo primero que cualquiera con un gramo de desconfianza haría es creer que alguien quiso ocultar algo. Se sabe muy poco del origen de Ledlar o de cómo se quedaron con Cerro Motos, una empresa sospechada de pertencer al ex secretario funcionario kirchnerista Ricardo Jaime, condenado por corrupción, a quien le encontraron en un allanamiento en 2010 cinco tarjetas personales en la que se presentaba como director ejecutivo de la compañía.
También hay dudas sobre algunas empresas creadas por los directivos, como Yeshua SRL, entre otras, las inyecciones de dinero del Estado y hasta la creación de José Bocchi del fideicomiso Verdad y Justicia, con el que intentó cobrar en Chamical un cheque por unos 20 millones de dólares emitido en México.
En 2011, el gobernador Ricardo Quintela sostuvo que “las sapem son un monumento a la corrupción”. Una revisión de lo que ocurrió hasta que asumió el actual mandatario es indispensable.