Son 2.750 los kilómetros que separan la Ciudad de Buenos Aires de El Calafate. El avión de YPF, un Learjet 60 matrícula LV-BTA, realizó ese recorrido trasladando a Cristina Kirchner en cuatro ocasiones. Según la información oficial y que fue presentada a la justicia federal, esos viajes demandaron una erogación pública superior a 38.000 dólares. Una nueva presentación amplía la denuncia por la supuesta ilegalidad de los vuelos que habrían costado más de 14,5 millones de pesos.
Los viajes la vicepresidenta a Santa Cruz son investigados en los tribunales de Comodoro Py. La denuncia hace foco en 21 vuelos realizados durante el año pasado, con distintos aviones de la flota presidencial. La diputada de Juntos por el Cambio Mónica Frade acusó a Cristina de “usurpación de facultades inherentes al Presidente”.
Uno de los puntos que resalta la denuncia es que la mayoría de estos vuelos “se vieron motivados en razones personales, solo dos tuvieron relación con actividades de la agenda oficial, cuando la Vicepresidente estuvo a cargo del Poder Ejecutivo”.
El gasto que estos viajes representaron para el erario público, como un cálculo inicial, es de 14.500.000 pesos, correspondiente a combustible de las aeronaves de la Flota Aérea Presidencial.
La denuncia inicial sostiene que Cristina Kirchner “hizo un uso abusivo, pero por sobre todas las cosas ilegal, de los aviones de la flota presidencial que se encuentran a exclusiva disposición del Poder Ejecutivo. Sin perjuicio de esto, dispone de la flota para traslados personales sin costo particular y, con el consecuente menoscabo a los fondos públicos”.
Los delitos atribuidos en la denuncia son “un uso ilegal de los bienes del Estado”, “la malversación de fondos como el delito de peculado de uso”. La denuncia resalta otro concepto, acusan a Cristina Kirchner de “una usurpación de facultades inherentes al Presidente de la Nación, para quien se tiene reservado la utilización de esos transportes, por razones de seguridad del Estado Nacional”.
La documentación aportada este miércoles a la causa judicial se enfoca en los fondos destinados a la empresa YPF por la contratación de su avión Learjet 60, matrícula LV-BTA.
Se solicitó al juez Marcelo Martínez De Giorgi que se amplíe el objeto de investigación haciendo particular foco en los cuatro vuelos en la aeronave de YPF, empresa de la que el Estado tiene el 51% de las acciones y presidida por el santacruceño y ex vicegobernador provincial, Pablo González. En los hechos, YPF es controlada además por La Cámpora, que logró ubicar a varios integrantes en áreas clave de la compañía.
El detalle al que accedió Clarín muestra que Cristina viajó el 9 de julio del año pasado hacia El Calafate, y regresó a Buenos Aires al día siguiente. Según la diputada Frade, fue una de las ocasiones en que no tenía agenda oficial.
El viaje se realizó en el avión de YPF. Sumando el combustible, tasas y cargos, según la denuncia, sólo por los viajes en julio de 2021, el Gobierno pagó a YPF un equivalente a 38.000 dólares, al tipo de cambio del año pasado.
No fueron los únicos viajes. En septiembre, una vez más sin contar con agenda oficial, resaltó la diputada Frade, la vicepresidenta volvió a trasladarse al sur. Se especificó que el gasto sólo por el alquiler de la aeronave, sin combustibles y demás tasas, costó más de 6.600 dólares.
Cuando se consultó a la Secretaría General de la Nación porqué se autorizó el alquiler y pago del avión de YPF, la respuesta fue que en esas fechas (9 de julio y 18 de septiembre) “no se encontraba disponible la flota presidencial y se procedió a realizar una comunicación administrativa con la petrolera estatal para solicitar el alquiler del avión”. Y se aclaró que “todos los costos de la aeronave corrieron por cuenta del Estado”.
Junto con los argumentos ya expuestos, las denunciantes señalaron que se estaría ante una “malversación del erario público considerando que se requiere la autorización del presidente Alberto Fernández”, para el alquiler del Learjet y el correspondiente pago.
“Hay un desmedro de los fondos públicos en la utilización de aviones de YPF para viajes con motivos personales de la vicepresidenta de la Nación, considerando que sólo el 51% de las acciones de la empresa pertenecen al Estado y se provocó una erogación que debió ser haber hecho con su propio erario”, sostiene la denuncia.
La oposición consideró que le uso del avión de la principal compañía energética del país “para el traslado de la vicepresidenta es incompatible con el objeto” de YPF.
La ampliación de la denuncia se presentó bajo el entendimiento de que los 21 vuelos informados por el Gobierno, por un costo global de 14.500.000 pesos, en verdad es un conteo inicial y que la suma podría ser superior “porque no se están calculando los costos del personal, entre otras cosas”, señalaron.
Cristina Kirchner no fue la única denunciada. Es la primera denuncia que comparte con Alberto Fernández. “Naturalmente, esa malversación no puede consumarse con la sola aspiración de la señora Fernández de Kirchner; sino que requiere la autorización de quien dispone del bien, bajo cuya esfera se encuentran en custodia y, este no es otro que, el propio titular del Poder Ejecutivo, el Dr Alberto Fernández”, sostiene el texto.