La interna por los planes sociales y su administración puso en relieve los últimos días la miseria de parte de la clase dirigente y la ambición por seguir subordinado parte de una sociedad empobrecida. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner advirtió sobre el aumento desmedido de planes en el plenario de la CTA y dejó en claro su intención de que sean los jefes distritales quienes administren los planes y no los movimientos sociales como se vino haciendo hasta ahora.
De hecho, hoy en día a partir de la proliferación sistemática de diversos planes compatibles entre sí, una familia tipo podría percibir entre $156.890 y $173.190 por mes sin trabajar. De hecho, en 2021 el Gobierno gastó más de 7 billones de pesos en planes, casi un 50% más que en 2020.
Así, más de 20 millones de personas cobran todos los meses dinero del Estado y lo que comenzó siendo un sustento a la espera del empalme para recuperar el trabajo genuino, derivó en una forma perversa de persuadir a los más postergados por planes sociales y cheques administrados por punteros políticos donde la corrupción lamentablemente habita muchas veces.
Así, un estudio de Logos, consultora especializada en big data y procesamiento de datos en redes, midió las sensaciones y opiniones de 3.328 personas y 600.000 interacciones en redes concluyendo que la sociedad no está de acuerdo con el aumento de planes y planteando el debate entre meritocracia y esfuerzo colectivo. El 68% de los encuestados creen que es injusto que quienes trabajan paguen impuestos para mantener a los que no trabajan, y el 73% cree que logrará lo que aspira en su vida dependiendo sólo de sí mismo y su esfuerzo para lograrlo.
A su vez, las contradicciones también aparecieron en el estudio al plantear en el 74% de los casos que “mi progreso económico dependerá también de que el Estado funcione, más allá de mis propios esfuerzos”, también dijeron verdadero a “todo lo que tengo y he logrado en mi vida es porque me lo gané con mi esfuerzo”.
“El crecimiento de los planes sociales influye en la crisis”, opinó la sociedad en este estudio. Una gran mayoría culpabiliza de la situación económica al sostenimiento de planes sociales y políticos y considera que una manera de contribuir a la disminución de la inflación, es recortar la emisión monetaria destinada a dichos planes. A su vez, el 63% sostiene que estos planes no promueven la cultura del trabajo y sostienen, en este sentido, que quien no trabaja es porque no quiere, señalando que excede el marco de posibilidades y que, por lo tanto, es responsabilidad individual.
Los argentinos opinaron en las urnas. En las últimas elecciones, habiendo triplicado la cantidad de planes sociales con respecto a la gestión de Mauricio Macri, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, la coalición oficialista perdió en casi todo el país a pesar de su apuesta por la estrategia de contención y adhesión electoral producto de los millones de planes sociales.
Actualmente el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales sostiene que hay 182 programas sociales que benefician a unos 25 millones de personas. Más de la mitad del país cobra. Teniendo en cuenta los datos públicos del Ministerio de Desarrollo Social que encabeza Juan Zavaleta, más del 50% de las personas que habitan el suelo argentino tuvo alguna cobertura estatal en la pandemia, parte del mal llamado “plan platita”, según lo definiera el exministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán.