*Por el Equipo de Investigación de EL FEDERAL ONLINE
La justicia riojana imputó a los financistas Carlos Daniel Cáceres y Carlos Alberto Bernede. Son los dueños de Finantech BC SRL, una empresa instalada el año pasado en pleno centro de la capital provincial y sospechada de intentar montar un esquema Ponzi a través de supuestas inversiones en criptomonedas. Cáceres fue finalmente detenido y Bernede está prófugo. Los investigadores apuntan también de un tercer involucrado, que se habría quitado la vida. Hay elementos para sospechar que podrían estar ligados al catamarqueño Edgar Bacchiani y su compañía Adhemar Capital.
Según corroboró EL FEDERAL ONLINE a través de testigos y fuentes judiciales, el 13 de mayo hubo un allanamiento en el complejo de viviendas San Antonio Housing, ubicado en la calle San Antonio, en el barrio Los Caudillos, en la quebrada. Lo había ordenado el juez Daniel Barría, titular del Juzgado de Instrucción Nº2, y estuvo a cargo de la policía provincial. Allí Cáceres y Bernede ocupaban dos viviendas contiguas.
Habían pasado casi 8 meses desde que el gobierno provincial clausuró el local de los financistas por la falta de inscripción en un impuesto provincial, aunque el verdadero problema era mucho más profundo y había disparado una investigación del Banco Central y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
Sin embargo, de acuerdo a los testimonios recabados, los financistas nunca habrían dejado de operar, aunque lo hacían en las sombras, quizás impulsados por la lección que dejaron los casos de Generación Zoe y Adhemar Capital: la visibilidad es un peligro para este tipo de “negocios”.
La empresa
Finantech BC se constituyó como una sociedad de responsabilidad limitada el 27 de abril de 2021. Tenía tan poca vida cuando en noviembre de ese año le clausuraron su local que ni siquiera había llegado a publicar su contrato social en el Boletín Oficial. Hoy la CUIT de la empresa figura como inactiva en la AFIP y no aparece inscripta en la Dirección General de Ingresos Provinciales (DGIP).
Sus dueños, según las fuentes, son Cáceres y Bernede, que se instalaron poco después de armar la empresa en un local ubicado en Joaquín V. González 124, sobre la peatonal, a la vista de todos. Se presentaban como traders especializados en criptomonedas. Prometían a sus inversores una ganancia mensual en dólares del 18% del capital, un 216% al año, algo que no tardó en despertar sospechas.
En ese escenario, en la mañana del 14 de setiembre hubo una inspección en el lugar por parte de personal de la DGIP y de la Subsecretaría de Comercio Interior. Les pidieron a Cáceres y Bernede que en 10 días informen los contratos que ofrecían a sus clientes, con detalles de productos, importes y valores. Dos días después, Cáceres salió en El Independiente a decir que funcionaban en regla e invitó a los lectores a acercarse a sus oficinas para invertir. Usaron el descargo como una publicidad.
Finalmente, el 16 de noviembre el local fue clausurado. El acta que se labró ese día lleva la firma del coordinador de fiscalizadores de la Subsecretaría de Comercio Interior, Carlos Dante Bazar. La excusa fue que la empresa, al parecer, no estaba inscripta en el Fondo de Comercio, un fondo creado con un impuesto anual que deben realizar todos los comerciantes de La Rioja.
Alerta, criptomonedas
El motivo de la clausura del local fue, en realidad, una excusa para obstaculizar el desempeño de la empresa. El gobierno quería impedir que la empresa siga ofreciendo inversiones, porque tenía toda la pinta de ser un esquema Ponzi. Lo que define a este tipo de estafas es que los intereses que cobran los clientes no resultan de inversiones especulativas en distintos instrumentos, como criptomonedas, sino del reclutamiento de nuevos inversores, cuyo capital se destina al pago de ganancias.
Por eso, ya en septiembre el gobernador Ricardo Quintela había ordenado que se envíe una alerta al Banco Central para que tome cartas en el asunto. En esa nota, el Ejecutivo provincial manifestó “la profunda preocupación que nos genera que este tipo de empresas no bancarias cuyo objetivo es la captación de recursos por parte de los ciudadanos”.
Una de las fuentes consultadas indicó que el Banco Central hizo una inspección técnica y solicitó un pedido de informes a la empresa para que explique de dónde iba a salir el dinero para pagar a sus inversores, aunque el dato no pudo ser corroborado. Lo cierto es que, según las fuentes, la entidad informó a la Procelac que las actividades de Finantech eran sospechosas y que operaba a pesar de no estar autorizada para captar fondos.
Cáceres y Bernede borraron todo rastro digital de Finantech. Las páginas de Facebook e Instagram hoy no contienen posteos sobre sus operaciones. Lo mismo ocurre con una web con el nombre de la empresa, que no tiene datos sobre quién la registró. En los perfiles personales de los financistas tampoco hay información vinculada a sus negocios con criptomonedas.
A pesar de ello, como se adelantó más arriba, según fuentes ligadas a las operaciones, Cáceres y Bernede siguieron operando en el complejo San Antonio Housing, donde solían recibir muchas personas. Hasta allí llegaron las autoridades el 13 de mayo.
Este medio no pudo determinar en concreto qué disparó la investigación que está a cargo del juez Barría, quien imputó a los dueños de Finantech y ordenó su detención. Cáceres ya fue apresado y su abogado se presentó en el expediente. Bernede, en cambio, permanece prófugo. Una de las fuentes mencionó una deuda de entre 300 y 400 mil dólares.
Fuentes judiciales indicaron que en los últimos días los investigadores también posaron su mirada en una tercera persona, identificada como M., que también fue vecino del complejo San Antonio Housing hasta que en marzo se mudó. Sería oriundo de Catamarca y se habría quitado la vida. Habría dejado una carta de despedida. Lo velaron en su provincia.
Los vínculos con Adhemar
Hay una incógnita que sobrevuela la investigación: ¿los imputados tienen algún vínculo con el catamarqueño Edgar Bacchiani, titular de Adhemar Capital, la financiera que ofrecía ganancias exorbitantes y que, junto a Generación Zoe, captó la atención de todo el país?
Al respecto, no se puede pasar por alto que alguna vez a Bacchiani aseguró que, además de él, sólo había dos traders solventes en la región, Cristian Rojo, de la firma Callvu –hoy denunciado por clientes de La Rioja y procesado por la justicia federal– y el propio Bernede, uno de los dueños de Finantech.
Según un artículo publicado en La Gaceta, en enero, cuando se conocieron los informes del Banco Central sobre Adhemar y la Comisión Nacional de Valores le ordenó cesar sus operaciones, Bacchiani nombró a Bernede como responsable de la sucursal de origen. El propio Bernede les habría dicho a los empleados que tenía problemas financieros y que había que reestructurar los contratos con sus clientes.
Las fuentes consultadas hablan de enormes deudas que no habría sido un obstáculo para que los vecinos de los imputados vean los cambios de autos, camionetas y motos que experimentaron en los últimos meses. Algunos todavía recuerdan cuando Cáceres era un joven empleado del Banco Santander. Dicen que llevaba la ambición en la piel.
*Los que hacemos EL FEDERAL ONLINE agradecemos la colaboración de Nadia Araya, de EL EXPEDIENTE, en esta crónica.