El intendente de Río Gallegos Pablo Grasso fue denunciado este miércoles por la oposición local por haber impulsado un sorteo para viajar a Qatar, para ver los tres primeros partidos que dispute la Selección argentina en el próximo Mundial. A cambio, los participantes debían sacarse fotos con funcionarios o referentes locales. En la presentación judicial aseguran que el jefe comunal “utiliza este tipo de maniobras para hacer campaña política”.
El sorteo fue impulsado por el propio Grasso con un video en el que aparecen los nombres e imágenes de las personas que los interesados deberán buscar en las calles de la ciudad a partir del próximo 1° de agosto para fotografiarse con ellos y así poder inscribirse en el sorteo. El jefe comunal defendió la propuesta al asegurar que el paquete “se pagó en pesos” antes de que la ministra de Economía, Silvina Batakis, expusiera públicamente que “el derecho a viajar colisiona con la generación de puestos de trabajo”. Dijo además que no sabe con exactitud cuánto salió el premio y justificó: “El 20% lo pagó el Municipio y el restante fue cubierto por empresas privadas”.
La denuncia contra el intendente de Río Gallegos fue presentado por el diputado provincial Daniel Roquel junto al presidente del comité local de la UCR Marcelo Saa y a Javier Stoessel, ex vocal del Tribunal de Cuentas y presidente de la Asociación de Abogados de Rio Gallegos; y lo acusan al jefe comunal de malversación de fondos públicos, peculado e incumplimiento a la ley de Ética Pública.
Según se desprende de la presentación judicial, el concurso no persigue “la realización de la actividad comprendida dentro de las competencias del municipio ni la consecución o realización de un interés o bien público local, ni tampoco dar publicidad a actos de gobierno”.
Según mencionan desde la UCR, el municipio carece, no solo de la partida presupuestaria para realizar sorteos públicos, sino incluso de competencia para hacerlo según la ley provincial 3.304, por tanto, se sostiene en el documento que se evidencia “un desvió del más elemental principio republicano de gobierno el que los fondos públicos no deben ser destinados para campañas y posicionamientos personales, y que obrar de tal modo constituye un desvió de su fin natural”.
Ante la consulta de Infobae, el diputado Roquel sostuvo que “el delito que creemos que se comete es la utilización de recursos públicos para promocionar a diversas empresas” y cuestionó que el intendente “no dice cuánto es lo que pagó la municipalidad, cuáles son las empresas (que participan) si estas empresas son beneficiadas con reducción de impuestos municipales, por lo tanto, uno puede interpretar -los empresarios también están para que los que quieran participar se saquen una foto con ellos- que son empresas de personas que fueron candidatos por el Frente de Todos y posiblemente lo vuelvan a ser”.
Los concejales opositores también se sumaron. Se trata de Pedro Muñoz (Coalición Cívica), y los radicales Leonardo Roquel y Daniela D’Amico. Estos aseguran que el intendente tiene una conducta “sistemática” destinada a no rendir cuentas de gastos relacionados a la contratación de artistas, eventos y hasta de la realización de obras públicas. “A través del voto de la mayoría del Concejo, impide el acceso a la información pública y la transparencia en la gestión”, reprocharon desde la oposición.
“Se cree que le han otorgado la suma del poder público, que el Estado es de él”, ampliaron para agregar “utiliza este tipo de maniobras para hacer campaña política y de sus allegados con los aportes de los vecinos”.
“Las entradas ya las tienen que tener compradas, los pasajes también y no mostraron nada”, le confió a este medio Daniel Roquel, quien sostiene que esto se da “en un contexto donde el municipio no puede garantizar los servicios básicos”.
Por otro lado, cabe señalar que el doctor Stoessel presentó un pedido de información publica solicitando: copia del instrumento legal que autorizó el sorteo, la extensión de la copia del expediente administrativo por el cual tramita el sorteo, de cuál partida presupuestaria salió el dinero y el monto total pagado.
También, el letrado pregunta si se han recibido donaciones, si es así que se especifiquen y consulta si el gasto fue autorizado por el Concejo Deliberante; si el premio ya fue abonado, pide información respecto de las áreas municipales intervinientes, si fue requerida la autorización de los funcionarios con quienes deben fotografiarse los vecinos y si el sorteo fue aprobado por la Lotería de Santa Cruz.
“La convocatoria al concurso es vergonzosa, básicamente es: sáquese una foto con un funcionario K y viaje al mundial”, analizó Stoessel en declaraciones brindadas a Infobae e indicó que “próximamente los veremos desfilar por las calles (a los funcionarios) para fotografiarse”. “Se violan básicos principios republicanos, y se desvían los fondos públicos para el posicionamiento de referentes y funcionarios del Frente de Todos”, continúa denunciando el abogado.
Asimismo, comenta que mientras tanto “se olvidan de las necesidades esenciales de los santacruceños, con un gran porcentaje de los salarios bajo la línea de pobreza, con las escuelas sin mantenimiento, con sectores y barrios que esperan leña porque no tienen gas en un invierno muy duro. No se ocupan de lo esencial y viven en permanente campaña”, finalizó.
El sorteo consiste básicamente en responder tres preguntas y el participante deberá sacarse una foto con alguna personalidad destacada entre los que se encuentran funcionario municipales, artistas, músicos, etcétera. La misma deberá ser depositada en una urna que será puesta en la puerta de la municipalidad a partir del próximo primero de agosto.
“La idea es tener una dinámica divertida y polémica, esto implica que podamos tener una diversidad de trabajo distinta y todos podamos formar parte de iniciativas que vamos a llevar adelante”, fundamentó Grasso, quien apuesta a tener “un corresponsal vecinal” en la próxima Copa del Mundo.
Asimismo justificó el gasto asegurando que se hizo “en pesos” y que la intendencia solamente puso el 20% del costo total que generó el premio en cuestión. “El restante fue cubierto por empresas privadas”, aseveró.