El impacto por el recorte de fondos que lleva adelante el Gobierno desde que Sergio Massa asumió en el Ministerio de Economía llegó a la puerta de la Casa Rosada. Con una carpa blanca de fondo, centenares de manifestantes, entre familiares de personas en situación de discapacidad, transportistas, kinesiólogos, terapeutas, psicopedagogos, fonoaudiólogos y docentes se congregaron en la Plaza de Mayo con proclamas “para frenar el ajuste” en el área y exigir el pago de prestaciones atrasadas.

Mientras el presidente Alberto Fernández viajó a Bariloche, el reclamo que desde este lunes se repite en distintos puntos del país se volvió a sentir fuerte en Balcarce 50. Apuntalados por decenas de mujeres con bombos, los manifestantes alzaron la voz contra lo que, denuncian, se trata de un ajuste del Gobierno nacional en las prestaciones para personas con discapacidad. Se leyeron banderas y carteles “contra el ajuste” y denunciando que el sector de “Discapacidad está en emergencia”.

“Sin prestadores no hay prestaciones. Y sin prestaciones no hay derechos para las personas con discapacidad”, rezaba una de las tantas pancartas que agitaban entre cantitos contra el Presidente. Un detalle: con excepción de un cartel firmado por la CTA Autónoma y el Sindicato de Acompañantes Terapéuticos en el que se pedía “por los derechos de todos”, no hubo agrupaciones políticas, aunque hay fuentes que apuntan que sí la apuntalaron desde las sombras. Desde el Gobierno abonan esa especulación: contrastan que el reclamo “no fue acompañado por las principales cámaras que trabajan en el sector”. 

Fue otra jornada de mucha preocupación para Presidencia. No sólo por lo delicado del tema y de que la palabra “ajuste” esté vinculada al área de discapacidad. También porque la Agencia Nacional de Discapacidad depende de la Secretaría General de Presidencia y se escucharon fuertes reproches contra Fernández.

Así, desde el Gobierno primero salieron a aclarar en off que “no hay ningún ajuste” en el sector y que a futuro “tampoco habrá recortes”. Y después a medida que fue in crescendo el tema puso a Fernando Galarraga, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, a despejar inquietudes. “No hay ningún recorte ni ajuste por discapacidad. El 1 de agosto se aprobó un incremento del 25 por ciento y quedamos en que en octubre volvíamos a hablar. Pero con ese aumento estaríamos completando un aumento del 69 por ciento, por encima de la inflación”, aseguró el funcionario ante la consulta de Clarín.

“Hablar de ajuste angustia a las familias y personas con discapacidad. Y eso no va a ocurrir. No vamos a dictar ninguna medida que represente un ajuste”, insistió. 

En cualquier caso, el reclamo tiene varias aristas y motivaciones. En lo inmediato, los manifestantes se plegaron a la agrupación “Prestadores de Discapacidad Unidos” para pedir una solución “urgente” a una demora en los pagos: al parecer, la Superintendencia de Servicios de Salud giró tarde los fondos del mes por una demora administrativa de la AFIP bajo la gestión de Mercedes Marcó del Pont. En el Gobierno lo admiten pero, según aclaran, “ya se está normalizando“. “Desde ayer (por el lunes) nos estamos poniendo al día con los pagos”, dijo Galarraga. Desde Economía y la AFIP lo ratifican

Los prestadores advierten que “hay atrasos de entre 90 y 120 días”; y que el ajuste también se advierte en las demoras en las autorizaciones de los tratamientos y la falta de cobertura en las prestaciones y la reducción por parte de las obras sociales de las sesiones indicadas a los pacientes.

Al mismo tiempo, a los prestadores no vinculados con gremios les preocupa el DNU que analiza el Gobierno para que la Agencia Nacional de Discapacidad absorba ahora el costo de las prestaciones por educación y transporte que actualmente cubren las obras sociales. Se trata de un pedido expreso que le hizo la CGT al Presidente para evitar que las obras sociales vayan a la quiebra: estiman que sólo en esos dos rubros se destinan unos 10 mil millones de pesos por mes.

Sin embargo, para los prestadores y las familias de personas con discapacidad la situación sería incluso peor si finalmente el Gobierno avanza con ese DNU. “Nos oponemos porque es un fondo que se conforma con los aportes de los afiliados a las obras sociales. El Estado va a desviar esos recursos a un fondo que va a manejar el Estado (NdeR: a través de la ANDIS) y no va a haber ninguna garantía que esos fondos lleguen a los destinatarios que son las personas con discapacidad“, cuestiona Francisco Da Giau, de la “Red Vacuname”, que nuclea a familias de personas con discapacidad en todo el país y acompaña el reclamo de los prestadores.

“Actualmente -agrega Da Giau- las personas que no tienen obra social están incorporadas a un programa que se llama Incluir Salud, que no le paga a nadie: debe más de un año a los prestadores”. La inquietud es entendible: ese programa también lo administra la ANDIS

Galarraga admite que “se están evaluando nuevas fuentes de financiamiento”, pero que no hay una decisión tomada al respecto, más allá de que en el Congreso circuló un borrador de DNU. “Estamos evaluando distintas alternativas porque el sistema tiene que tener sustentabilidad para garantizar los recursos que permiten financiar las prestaciones. Pero igualmente quiero dejar en claro que en ningún caso esa medida va a representar sacar a las obras sociales del sistema y garantizar que a las familias no se les va a complejizar el acceso a las prestaciones”.