A partir de la polémica que se generó, por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la provincia, que dio lugar a la presentación de un amparo en contra de la concesión del estacionamiento medido en capital, el Fiscal municipal Pedro Carreño criticó esa decisión, remarcó que el contrato se realizó dentro del marco de la legalidad y aclaró que el sistema está funcionando.
Sobre el inicio del conflicto, explicó que “debido a la existencia de un amparo presentado por cinco particulares, pidiendo la suspensión del contrato de concesión, la justicia decidió dar lugar”, ante lo cual manifestó que “estamos muy preocupados por la decisión en forma sorpresiva del Tribunal Superior de Justicia”.
Carreño aseveró que en la demanda “deben acreditar una situación de daño concreto, algo que no sucede”. “Dicen que se ven perjudicados, porque no intervino el concejo deliberante y por lo tanto es nulo y el TSJ, sin escuchar al municipio, suspende el servicio”.
El fiscal enfatizó que con esta decisión “el municipio está siendo privado de cobrar el canon, y también perjudica a la empresa, que no puede cobrar por el servicio que brinda”.
Carreño rechazó los argumentos presentados por los demandantes, al indicar que “no hay perjuicio para el particular, en nada lo puede afectar que no intervenga el concejo deliberante. Es una demanda insólita e infundada”.
También objetó el reclamo por nulidad, al aseverar que “no hay nulidad en el contrato, porque el concejo deliberante tiene una ordenanza en la cual delega al ejecutivo, la potestad de hacer el contrato del estacionamiento medido”. “Es una ordenanza que está vigente de cuando Quintela era intendente”, remarcó Carreño, quien además manifestó que “el concejo deliberante si intervino, integrando la comisión”. “Intervino el sistema de contratación. Estudiaron el contrato y lo aprobaron”, aclaró.
“No hay ningún perjuicio que legitime la presentación de estos cinco particulares”, sentenció el fiscal, quien consideró que “hay intencionalidad política en paralizarlo”.
“El amparo es absolutamente improcedente y debió ser rechazado”, añadió y consideró que “hay una peligrosidad en este antecedente porque cualquier particular puede paralizar un servicio”. “Es un antecedente muy grave, que perjudica a la empresa y al municipio”.
Por último, aclaró que el sistema está vigente. “El estacionamiento medido está funcionando, porque pedimos que se deje sin efecto la suspensión y ahora el TSJ tiene que resolver de inmediato el recurso de reposición”, completó.
Fuente: Fénix