Los jueces de instrucción franceses encargados de la investigación en París del accidente de helicóptero del programa Dropped, que se cobró la vida de diez personas en 2015 en Villa Castelli, La Rioja, han concluido sus pesquisas, según confirmaron este martes fuentes familiarizadas con el asunto y judiciales.
En contraste, fuentes judiciales dijeron a EL FEDERAL ONLINE que la causa en La Rioja se estancó cuando comenzó la feria judicial extraordinaria por la pandemia, antes de una nueva ronda de declaraciones indagatorias que iba a incluir a los cinco primeros acusados, junto a un ciudadano sueco y el ex intendente Alberto Paredes Urquiza.
La causa francesa
Ante el Tribunal de París están imputados la productora Adventure Line Productions (ALP) y cinco personas.
Según una fuente familiarizada con la causa, a la productora -que ya ha sido condenada en sede civil en varios expedientes- se la acusa de haber subestimado el presupuesto destinado a los traslados y de haber seleccionado a los pilotos y helicópteros utilizados con criterios económicos y no de seguridad, en detrimento de los pasajeros.
Entre las personas físicas acusadas, en tanto, está Nicolas Roussel, entonces director de producción del programa, y Peter Högberg, encargado de la seguridad durante el rodaje y único extranjero imputado en La Rioja. Fueron acusados en 2020 y 2019, respectivamente, por homicidio involuntario. Dos investigaciones de EL FEDERAL ONLINE detectaron que tuvieron una participación central en el caso. El último de ellos, Högberg, está acusado en la causa en Argentina, pero nunca se avanzó sobre su detención internacional.
Los imputados y familiares de las víctimas fueron informados del fin de las investigaciones en Francia el 15 de diciembre. “Las familias están aliviadas al enterarse del fin de las investigaciones, que duraron más de seis años, y esperan firmemente un juicio”, reaccionó la abogada Solenn le Tutour, que representa a la asociación que crearon los familiares de las víctimas.
El término de las investigaciones abre un plazo durante el cual las partes pueden formular observaciones o solicitar medidas de investigación. Luego vendrán los requerimientos de la fiscalía y la decisión final de los jueces de instrucción.