La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, anunció en conferencia de prensa que más de 150.000 beneficiarios en al país del Plan Potenciar Trabajo no validaron su identidad y serán suspendidos.

En La Rioja se calcula que habría unos 12.000 beneficiarios de los cuales unas 2.400 perderán el subsidio. Fuentes de EL FEDERAL en el ministerio de Desarrollo Social, indicaron que aproximadamente el 20% de los planes de cada provincia, no validaron su identidad.

El pasado domingo venció el plazo para que quienes cobran ese beneficio autenticaran su información. Quienes no hayan cumplido este requisito tendrán una instancia de reclamo por 60 días, pero percibirán el 50% del beneficio en febrero.

De acuerdo con la auditoría realizada por el Ministerio que conduce Tolosa Paz, surgió que aproximadamente el 89% del padrón de beneficiarios del programa validaron sus datos en el sistema.

La ministra Victoria Tolosa Paz dio detalles de los resultados de la auditoría del Plan Potenciar Trabajo

En línea con ello, esas personas en febrero cobrarán el total del plan, mientras que quienes no lo hicieron percibirán la mitad del monto en febrero y, de no regularizar su situación, dejarán de percibirlo.

La validación de datos se estipuló luego de que se conocieran irregularidades en más de 250.000 beneficiarios de planes sociales a través de un informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Del relevamiento se desprende que 1.210.571 titulares son personas a las que les corresponde legítimamente percibir el Potenciar Trabajo, no solo porque validaron su identidad, sino por su situación patrimonial, la ausencia de bienes registrables a su nombre y que no realizaron operaciones de moneda extranjera, entre otros datos obtenidos.

En este sentido, Tolosa Paz precisó que de ese total, 1.134.472 realizan como contraprestación actividades productivas o comunitarias; 46.471 están inscriptos en cursos de capacitación y los 29.628 restantes están finalizando sus estudios formales.

Por otro lado, la ministra afirmó que un total de “154.441 personas no han realizado la validación de identidad y, por lo tanto, están sujetas a la suspensión del programa, a partir de la liquidación de enero”.

Asimismo, declaró: “Entiendo que haya personas que puedan tener dificultades para lograr la validación, ya sea por desconocimiento de esta obligación que rige por resolución ministerial o por falta de accesibilidad. Queremos dejar abierta la posibilidad de que inicien el reclamo administrativo”, aclaró. Esta instancia tendrá vigencia por un plazo de 60 días.

Respecto del impacto fiscal de suspender los planes, se estima que habrá $2.500 millones que podrán destinarse a otras actividades productivas y a “fortalecer la capacidad educativa y laboral”, destacó la funcionaria.