Ricardo Quintela realizó una acción declarativa de certeza ante el máximo tribunal. Además, solicitó que se aplique una medida cautelar que suspenda los efectos del decreto, que entró en vigencia hoy.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, realizó hoy una presentación judicial para que la Corte Suprema declare la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia de desregulación de la economía firmado por el presidente Javier Milei, que entró en vigencia este mismo viernes.

El mandatario confirmó en su cuenta de la red social X (antes Twitter) que la presentación será realizada por los abogados Eugenio Raúl Zaffaroni y Raúl Ferreyra. Se trata de una “acción declarativa de certeza en la que se reclama la declaración de inconstitucionalidad” de la norma impulsada por el Poder Ejecutivo ya que “produce perjuicios irreparables a la ciudadanía por resultar contrario a los artículos 1, 5, 14, 14 bis, 17, 19, 28, 29, 31, 36, 75, 99, 121 y subsiguientes de la Constitución Federal y el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)”, según afirmó Quintela.

Se trata de la primera presentación que se hace ante la Corte Suprema en contra del DNU, el que ya fue objetado a través de diferentes amparos en tribunales menores.

Quintela aseguró que también pidió que se dicte “una medida cautelar que disponga la suspensión total de efectos del decreto”, que ya entró en vigencia, “y que ordene al Poder Ejecutivo de la Nación a no aplicar ninguna de sus disposiciones hasta la resolución definitiva de la causa”.

“Con la vigencia del DNU N° 70/2023 se lesiona gravemente el federalismo, la institucionalidad de nuestra república, y se coloca en un estado de vulnerabilidad al conjunto de la sociedad argentina en sus derechos laborales, sociales, económicos y culturales. Por eso, este reclamo que lo hago en nombre de mi provincia, busca en el Poder Judicial de la Nación un pronunciamiento que garantice la vigencia del estado de derecho y consolide los valores de nuestra Democracia”, escribió Quintela en su publicación.

El Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 que declara “la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025″, y que establece la reforma del Estado, comenzó a regir a las 0 horas de este viernes 29 de diciembre.

Titulado “Bases para la reconstrucción de la Economía argentina”, el DNU fue presentado por Javier Milei y su gabinete de ministros en cadena nacional el pasado 20 de diciembre. Horas más tarde -en la madrugada del jueves 21- fue publicado en el Boletín Oficial, pero por ley debe entrar en vigencia a los 8 días, que se cumplen este viernes 29.

La ambiciosa jugada del Gobierno contempla el fin de las leyes de Alquileres, de Tierras y de Abastecimiento, flexibilización del mercado laboral y la antesala a la privatización de empresas públicas, entre varias reformas que fueron explicitadas en los 366 artículos del documento de 83 páginas.

Pese al rechazo de la Confederación General del Trabajo (CGT), los movimientos sociales y un sector de la sociedad civil que viene realizando cacerolazos contra las primeras medidas de Milei, el DNU ahora deberá ser tratado por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo del Congreso, un organismo integrado por ocho diputados y ocho senadores que debe emitir un dictamen sobre el fondo y la forma del decreto que, luego, deberá ser analizado por ambas cámaras.

En esta instancia, el DNU puede ser rechazado u aceptado por mayoría absoluta de los presentes. No se pueden introducir modificaciones ni agregados. Si ninguna cámara lo trata, quedará vigente. Si una cámara lo acepta y la otra lo rechaza, sigue vigente. Solo quedaría nulo si tiene rechazo tanto en Diputados como en el Senado. La Corte Suprema de Justicia también puede desactivarlo-hay fallos previos que juegan en contra de la avanzada de Milei- pero mientras tanto el DNU sigue vigente.

Previendo trabas, el Poder Ejecutivo incluyó el mega decreto en la Ley Ómnibus que envió esta semana al Congreso. En el artículo 654 del proyecto se ratifica el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. De esta forma, el Gobierno busca asegurarse la aprobación de las reformas por otra vía.

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