El Gobierno impulsará la creación de una fiscalía especializada para investigar la corrupción de funcionarios públicos. Así lo anunció este jueves en su tradicional conferencia de prensa el vocero presidencial, Manuel Adorni, que con este proyecto envió un guiño a los sectores del electorado que pedían mayor atención en estas causas al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Pero no solo fue eso. También llegó así una nueva advertencia a los gobernadores en tanto la idea es que esta unidad revise los movimientos espurios también en las provincias.
“El ministro de Justicia va a sugerir en lo inmediato al procurador Eduardo Casal la creación de una fiscalía especializada que se ocupe de investigar la corrupción de funcionarios públicos, especialmente a los que contempla la figura de enriquecimiento ilícito e incrementos patrimoniales no justificados”, anunció el portavoz al ahondar sobre esta iniciativa de la Casa Rosada, que deberá conseguir aprobación. “Incluirá a los funcionarios nacionales y provinciales, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. Vamos a recuperar todos los bienes producto del delito. Nunca el delito puede producir beneficio”, sumó.
Así, desde Balcarce 50 enviaron otro mensaje a los mandatarios provinciales en medio del tratamiento legislativo de la ley ómnibus, cuando La Libertad Avanza (LLA) pretende alcanzar los votos para hacer caminar la ley ómnibus en el recinto de la Cámara baja para que llegue al Senado, pero encuentra resistencias en los gobernadores, sobre todo en aquellos que se oponen a que aumenten las retenciones a los subproductos de la soja y a algunos sectores industriales. El miércoles había tomado el guante el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien adelantó que de no aprobarse el proyecto haría una fina revisión de las transferencias y causó polémica.
Además este anuncio aparece como una señal a la porción antikirchnerista de los votantes del presidente Javier Milei, que requerían mayor acción de Cúneo Libarona, quien había sido señalado por algunas declaraciones públicas y por intentar que la Oficina Anticorrupción (OA) deje de actuar como querellante en causas de corrupción.
Ya en el dictamen de mayoría de la ley ómnibus, que elaboró LLA en conjunto con bloques aliados, se dejó expresa constancia en el Capítulo V sobre la OA que tendrá la función de “constituirse en parte querellante en los procesos en que se encuentre afectado el patrimonio del Estado, dentro del ámbito de su competencia”. Al respecto de eso hubo un fuerte reclamo para que esta potestad quede incluida, sobre todo de diputados que antes integraron el ahora atomizado espacio de Juntos por el Cambio.
Esa, sin embargo, no era la intención del ministro de Justicia, que quería correr a la OA de ese rol y así lo había expresado en distintos reportajes. “Hubo un uso indiscriminado de los Tribunales, de las agencias del Estado, de la OA, de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), para perseguir opositores”, reflexionó el funcionario en una entrevista en LN+ el pasado 22 de diciembre. Ahí, Cúneo Libarona dijo: “Yo quiero paz, quiero que miremos para adelante, que tengamos un país con armonía. Basta de guerras judiciales. Por eso me critican, pero le sacamos la facultad de querellar a la OA y a la UIF, porque no están para querellar, las usaron para perseguir”. Eso finalmente se retrotrajo en la ley ómnibus y es en este contexto que la Casa Rosada buscará crear la fiscalía especializada contra la corrupción.