*Por el Equipo de Investigación de EL FEDERAL ONLINE
El domingo se viralizó un video en el que se ve a dos grupos de personas discutiendo por un alambrado en un campo. Lo que más llamó la atención es una persona mostrando en su cintura lo que parecería ser un arma de fuego. EL FEDERAL ONLINE rastreó el origen de ese conflicto, que enfrenta a una veintena de comunidades agrícolas que conviven desde hace varias generaciones en el noroeste del departamento Independencia con un puñado de empresarios que dicen haber comprado las tierras a una familia de Chilecito.
Algunos de los nombres de las comunidades afectadas son conocidos para los que suelen transitar la ruta 150, como La Torre, Paganzo, La Represita o Amaná. Pero detrás de esos carteles verdes al costado del camino hay comunidades en las que viven más de 130 familias, que denunciaron que un puñado de personas, la mayoría de ellos de la cercana Valle Fértil, en San Juan, alambraron un tercio de las casi 100 mil hectáreas que comparten y utilizan de manera comunitaria para vivir, producir y subsistir, y se quedaron con las vertientes que sus animales usaban para tomar agua e ir a alimentarse en las épocas más secas.
El origen
Hay 16 comunidades que comparten esas casi 100 mil hectáreas. Son Paganzo, La Represita, El Mollar, La Mesada, Balde de San Isidro, Puesto San Nicolás, El Chiflón, Loma Blanca, Cerro Blanco, La Torre, Salinas de Bustos, El Puesto, El Qurachito, Vallecito, Balde del Milagro y Loma Negra. En cada comunidad viven entre una y 19 familias. Son, en total, 86 familias. Tienen, además, cinco escuelas, tres salitas de salud y tres templos. También allí está el parador La Torre 1 y las Cabañas Posta Pueblo, en El Chiflón.
Hay, a su vez, otras cuatro comunidades vecinas, con más de 40 familias viviendo en ellas, que utilizaban parte de esas 100 mil hectáreas para llevar a sus animales.
Sin embargo, hoy no pueden llegar a la parte más importante, donde hay 11 vertientes, porque desde los años ’80 vienen sufriendo sucesivas usurpaciones, lo que se vio potenciado a partir de 2016, cuando un grupo de personas, la mayoría oriundas de San Juan, alambraron unas 35 mil hectáreas.
Estas personas, a las que las comunidades denunciaron en 2020 por usurpación, aseguran que le compraron sus tierras primero al fallecido José Humberto Pavón y luego a sus hijas, representadas por Natalia Pavón. Se trata de una familia de Chilecito dedicada a la venta de tierras. EL FEDERAL ONLINE se comunicó por WhatsApp con Natalia Pavón para intentar conseguir su versión, pero no obtuvo respuesta al cierre de este artículo.
“Nunca mostraron un papel. No tienen nada”, sentenció, en cambio, el abogado que representa a las comunidades, Nicolás Azcurra, en declaraciones a este medio.
Las penas son de nosotros
El primer intento de usurpación que recuerdan los vecinos fue a mediados de los ‘80, con una sociedad que los comuneros identifican como “Gómez Collado”. Aseguran que compraron 12 hectáreas en el puesto El Talita, pero alambraron 12.500 hectáreas en la zona. “Es una forma muy común de usurpación en toda la provincia. Compran un pedacito, alambran mucho y unos años después intentan pedir la prescripción adquisitiva”, explicó una fuente que conoce el tema de cerca, pero prefirió reservar su identidad.
En aquella ocasión, a principios de los ‘90, la justicia finalmente falló a favor de las comunidades, que anotaron un antecedente a su favor. Sin embargo, por falta de dinero y conocimiento, los vecinos no avanzaron con el saneamiento de los campos comuneros, que todas las familias comparten, en algunos casos, desde hace seis o siete generaciones. Muchos tienen bolestos de compraventa superpuestos. Otros heredaron y tienen las llamadas “hijuelas”. Eso sí: todos están ahí desde hace mucho. No son ventajistas que fueron a ocupar para conseguir algún rédito.
En 2002 volvió a haber otra situación similar cerca de Represa de la Punta, con un abogado de apellido Moreno, que algunos creen que era juez. Había comprado un potrero de menos de una hectárea, pero intentó quedarse con 8.500 hectáreas. Todo se frenó por una denuncia penal.
En 2016 el conflicto escaló cuando un tal Luis Antonio Albornoz, con domicilio en Represa de la Punta, intentó realizar un juicio de prescripción adquisitiva de unas 15 mil hectáreas de las 35 mil hectáreas que hoy están cercadas. Fracasó: dos años después la Fiscalía de Estado se opuso porque dijo que los campos son estatales y que Albornoz no pudo demostrar posesión ni aportó documentación correcta.
Y en 2019 el conflicto escaló a su máxima expresión con el alambrado de 20 mil hectáreas, que se sumaron a las 15 mil anteriores. El problema es que del otro lado del cerco quedaron las 11 aguadas que usan los animales de las más de 130 familias cuando se secan las represas comunitarias que se llenan con las lluvias de verano. Hoy su ganado está literalmente muriendo por falta de agua y comida. También quedó fuera de su alcance la perforación de agua para consumo humano que abastece a las cientos de personas que viven en la zona.
A comienzos de 2020 las comunidades se organizaron y designaron un representante que presentó una denuncia penal con el asesoramiento de los abogados Nicolás y Guadalupe Azcurra, que recayó en el Juzgado de Instrucción 2. Hasta ese momento las 20 mil hectáreas todavía no habían sido alambradas. Sólo había picadas perimetrales. Y apenas se empezaba a construir la casa de Mercado, mientras Arostica los amenazaba con no dejar acceder a la perforación del Estado.
Tras la denuncia, en enero de 2020, durante la feria judicial, comenzaron a alambrar. Los abogados de la comunidad realizaron peticiones judiciales, pero les dijeron que tenían que esperar y recién a principios de marzo se logró que la justicia ordene una visita ocular por parte de la policía.
La pandemia fue la excusa para que las cosas sigan mal. Hubo varios incidentes, algunos de los cuales generaron videos que se viralizaron, pero la población tenía poca idea de lo que realmente ocurría allí. Y ahí apareció una pregunta clave que todavía se hacen los vecinos: “¿Por qué, si había una prohibición de pasar de una provincia a la otra, los usurpadores iban y venían cuando querían de San Juan a La Rioja?”
Los alambrados, en plena pandemia, siguieron avanzando. Y en octubre de 2020 llegaron animales. Los comuneros creen que vinieron desde Valle Fértil, con complicidad de la policía de San Juan y la Gendarmería. Fue noticia en ambas provincias, porque intervino la policía riojana y el entonces intendente, Eduardo De la Vega.
Recién en febrero de 2021 el juez Héctor Barría dictó una medida de no innovar, que finalizó en abril de 2023. También la Secretaría de Tierras declaró en 2021 los campos como Zona de Área Bajo Procesamiento hasta el saneamiento de los campos.
“En la práctica, esas medidas no sirvieron de nada, porque todo sigue igual y nunca se respetan las órdenes, pese a que la policía realizó varias notificaciones. Mercado terminó la casa que recién había empezado cuando se realizó la denuncia y hoy sigue alambrando y sacando leña, mientras que Arostica refaccionó una casa que era uno poblador que por razones de salud se mudó a Patquía”, contó Roberto Romero, uno de los representantes de los vecinos, a EL FEDERAL ONLINE.
La cantidad de violaciones a estas disposiciones judiciales y administrativas que denuncian los vecinos parece no terminar más. Por ejemplo, aseguran que durante tres días, a fines de 2021, llegaron camiones con vacas. En agosto de 2022 vieron agrimensores en la zona. Unos días después, realizaron cortes de postes, limpiezas con máquinas e intentaron dejar pruebas de su supuesta posesión en la zona sur, quizás para conseguir usucapiones en el futro.
A fines de noviembre de ese año hubo una nueva constatación en la zona de las autoridades, esta vez a través de Bienes Fiscales de la provincia, con una escribana de la Secretaría de Tierras. En el acta, dicen los vecinos, consta que Mercado alardeó que iba a seguir alambrado, dado que tenía permiso del juez.
En febrero de 2023, en tanto, Aróstica hizo un pedido de bajada de electricidad a Edelar. Los vecinos detectaron, además, una conexión clandestina a la red de agua.
En mayo hubo dos nuevos hechos que parecerían violar la prohibición de innovar y la medida dictada por la Secretaría de Tierras. Por un lado, los vecinos hallaron más alambrados. Y además apareció un camión cisterna sacando agua de la perforación de la Secretaría de Aguas en el Río Represa de la Punta. Aseguran los comuneros que el propio encargado de la perforación dijo que dejaba el portón sin llave para que Mercado pueda acceder.
La causa
El expediente judicial casi no avanzó sobre la cuestión de fondo, porque si bien se dictaron medidas cautelares, todavía ni siquiera se citó a declarar a alguno de los acusados. Aunque la causa es contra “autores a determinar”, los comuneros los tienen identificados.
El domingo los vecinos se cansaron y fueron a quitar los alambrados. En eso estaban cuando, aseguran, llegó una camioneta con matones de Valle Fértil. Esas fueron las escenas de tensión que se filmaron y viralizaron.
Tras la llegada del tema a los medios, el juez Barría dictó una medida en la que ordenó que sean retirados los alambrados, pero los vecinos dijeron a este medio que no estaba en claro lo que mandó a hacer el juez. “Estamos esperando alguna aclaración, porque la policía de Patquía fue a notificar la medida el martes al mediodía y decían que no eran todos los alambres los que había que quitar”, explicaron.
La medida de innovar, en tanto, venció a fines del año pasado. Hoy la zona es protegida por la medida ordenada por la Secretaría de Tierras, pero ante la consulta de este medio, aseguraron que se trata de un conflicto judicial.