La cámara oculta realizada contra la jueza Norma Abate de Mazucchelli desnudó una situación que era vox populi en los pasillos de la justicia riojana, pero de la que no había pruebas. Y la pregunta que abre es si se trata de un caso aislado o no, aunque la sucesión de fallos escandalosos en la provincia haría creer a cualquier persona de buena fe que hubo muchas sentencias motivadas por oscuros intereses.
Hay una curiosidad al respecto. El escándalo ocurre en medio de la controversia por la designación como jueza transitoria de Insutrcción de María Cecilia Córdoba, una ex funcionaria y militante peronista sin antecedentes de mérito, cuya designación fue denunciada por el Consejo de Abogados. Una de las críticas tiene que ver con que tiene tres causas penales abiertas en su contra. En uno de esos expedientes se informó la posible complicidad de dos jueces y una fiscal: Gustavo Farías, Ariel O. Marcos y Nadia Schagrodsky.
Para comprender ese escándalo hay que remontarse a agosto de 2021, en plena polémica por el cierre de la empresa San Francisco y el reclamo laboral de sus ex empleados. La abogada de la compañía, Blanca Font, presentó una denuncia penal en la que acusó a Córdoba y su socio, Adrián Vedia (ambos, supuestamente funcionarios públicos), por los delitos de extorsión y tráfico de influencias, y aseguró que los abogados actuaron con la complicidad de los jueces Farías y Marcos, y la fiscal Schagrodsky.
La causa quedó en su momento a cargo de la entonces fiscal Laura Cora Bogiani, con el número de expediente 22188/2021, aunque esta semana el Consejo de Abogados informó que está radicada con el número de expediente 61118, en el Juzgado de Instrucción 2, a cargo de Héctor Daniel Barría. A su vez, el Tribunal Superior de Justicia ordenó en su momento, mediante el acuerdo 203/21 (que no está disponible en la página web de la Función Judicial), disponer la instrucción de una investigación administrativa a los fines de esclarecer los hechos denunciados por Font. Esa investigación quedó a cargo de Magdalena Azcurra Cattáneo y Cristina Romero, entonces secretarias relatoras del TSJ. Lo que ocurrió en ambas actuaciones es un misterio.
La maniobra, de acuerdo a la denuncia, consistió en extorsionar a los dueños de San Francisco para lograr mejores indemnizaciones. Pero, siempre según la presentación de Blanca Font, esa movida tuvo cuatro capítulos (que se describen a continuación en base al relato de la denunciante):
-Primero. Córdoba y Vedia llamaron a los empleados de San Francisco, muchos de los cuales tenían otros abogados. Les ofrecieron un préstamo de 80 mil pesos a cambio de representarlos en el juicio laboral. Captaron a unos 60.
-Segundo. Dos de los clientes presentaron una denuncia penal contra la empresa. La fiscal Schagrodsky procedió con llamativo interés, irregularidades y prisa, incluso trabajando de manera personal y un sábado a la noche, en connivencia con el juez de Instrucción, Gustavo Farías, para promover una acción penal y prohibir que la empresa disponga de sus colectivos.
-Tercero. Esa misma semana, Córdoba y Vedia viajaron a San Juan para negociar un acuerdo laboral con los dueños de San Francisco, los famosos hermanos Igualada. Durante las reuniones llamaron varias veces al juez Marcos, que estaba a cargo de las causas por los despidos. Le comentaron los avances de las negociaciones y le pidieron que arme una reunión en su juzgado para explicarle a los ex empleados la conveniencia de firmar un “acuerdo”. También habrían amenazado a los Igualada de hacerlos meter preso por el juez Farías. Blanca Font aseguró que hubo testigos, a quienes pidió que se cite a declarar.
– Cuatro. Marcos organizó la reunión el 30 de junio, a las 18 horas, y recibió a los ex empleados. Ese encuentro del juez con una de las partes, sin la presencia de la otra, habría sido ilegal. El acuerdo, a su vez, incluía la suma de 22 millones de pesos a dividir entre los 60 trabajadores y 15 millones de pesos para los dos abogados.
Entre las pruebas que ofreció Font, dijo que hay una captura de un chat de WhatsApp en la que Córdoba le dijo a Igualada el día y la hora en la que juez haría cesar la prohibición de movimiento de los colectivos y le envió una foto del oficio judicial. También sugirió que los cruces de llamadas entre los involucrados demostrarían la maniobra de extorsión y pidió la inmovilización de los fondos transferidos.
Este medio, a pesar de hacer muchas consultas, no pudo averiguar qué ocurrió con esa causa. Hasta donde supo, la fiscal pidió que se investigue, Barría dijo que no había pruebas y mandó el expediente de nuevo a fiscalía, pero no se sabe más qué pasó. Eso sí: la representante del Consejo de Abogados ante el Consejo de la Magistratura informó que sigue abierta.
Tampoco pudo corroborar este medio el estado de otro expediente muy sensible en contra de Córdoba, en el que la acusaron de ser parte de una maniobra para vender parte de las 3 mil hectáreas que están frente al Parque de la Ciudad mientras era funcionaria pública.