[REDACCIÓN EL FEDERAL] La fiscal federal Virginia Miguel Carmona solicitó el procesamiento de seis de los siete imputados por el accidente de Villa Castelli, en el que murieron 10 personas durante la filmación de un reality show, el 9 de marzo de 2015. Los acusó de cometer el delito de “estrago culposo”, que tiene una pena máxima de 2 años de cárcel. Ninguno irá preso.
El dictamen fue firmado el 10 de abril de 2024, pero recién ahora este medio accedió al texto completo. Da por probada que la orden de prestar el helicóptero sanitario de la provincia la dio el ex intendente Alberto Paredes Urquiza, pero que no busca avanzar sobre el posible negociado que había con la nave.
Además de Paredes Urquiza, la fiscal solicitó que se procese al actual director de Aeronáutica, Daniel Gorkich, el ex secretario de Turismo, Álvaro del Pino, a los productores Gustavo Gordonas y su pareja Carola Iujvidin, y al entonces dueño de la empresa de turismo Praia Rosa, Mariano Platero.
Por otra parte, la fiscal pidió que “se reiteren los pedidos de detención internacional (Interpol) respecto del imputado Ulf Peter Högberg” (foto). Se trata de un ciudadano sueco que una investigación de EL FEDERAL ONLINE reveló que estuvo a cargo de la planificación del vuelo que terminó con un choque en el aire de los aviones sanitarios de La Rioja y Santiago del Estero.
La captura de Högberg había sido solicitada en marzo de 2020, pero nunca avanzó. EL FEDERAL ONLINE advirtió en varios artículos que su nombre nunca fue incorporado a la lista de personas buscadas por Interpol. En estos cuatro años no hubo ninguna medida para buscarlo.
Otro tema que EL FEDERAL ONLINE venía advirtiendo es que todavía no se peritó la firma de Álvaro del Pino, que aparece en el convenio de cesión del helicóptero de La Rioja a la productora ALP.
En su indagatoria de noviembre de 2017, Del Pino negó que la firma que aparecía en el expediente, que llamativamente había sido tachada, sea la suya. Desde entonces, la fiscal nunca pidió que la rúbrica sea sometida a una pericia caligráfica. Recién ahora lo hizo.
Los hechos, según la fiscal
El dictamen distingue dos tipos de responsabilidades. Por un lado, las personas que estaban “a cargo de la producción, logística, organización y seguridad de los participantes y equipo de producción durante el desarrollo del programa Dropped, responsabilidad que habría recaído sobre Gustavo Ariel Gordonas y Carola Rebeca Iujvidin, como representantes legales de [la productora francesa] ALP en Argentina, Mariano Platero, subcontratado para los servicios necesarios en la provincia de La Rioja, y Ulf Peter Högberg, gerente de logística y seguridad del programa”.
Por otro lado, la fiscal identifica a tres funcionarios como “las personas sobre quienes recaía el manejo, control y administración de las aeronaves de propiedad de las provincias de La Rioja y Santiago del Estero, Hugo Daniel Gorkich, en su carácter de titular de la Dirección Provincial de Aeronáutica de la provincia de La Rioja; Alberto Paredes Urquiza, Secretario General y Legal de la Gobernación de la provincia de La Rioja, y Álvaro del Pino titular de la Secretaría de Turismo de la provincia de La Rioja, quienes de manera conjunta no solo decidieron, y por ende, formaron parte del evento que desencadenó el siniestro aéreo investigado, sino que la falta de cumplimiento de las funciones a su cargo elevaron el riesgo jurídicamente permitido, desencadenando el fatídico hecho.
No hay un sólo funcionario de Santiago del Estero mencionado en el dictamen. Es muy llamativo que se buscó responsabilidades entre los funcionarios de La Rioja, pero no de la provincia vecina.
Sobre el préstamo del helicóptero sanitario de La RIoja a una empresa privada, Miguel Carmona advirtió que “las irregularidades en la gestión del uso del helicóptero tuvo su génesis en la firma del convenio de colaboración sin especificar qué función, tipos de usos o labores debían efectuar las aeronaves”.
Al respecto, subrayó que “no se documentó ningún tipo de planificación y/o estrategia referida a las actividades o trabajo que las aeronaves debían realizar”.
Con respecto a los protagonistas de esas irregularidades, la fiscal sostuvo que “Mariano Platero fue el encargado de concretar la contratación de los helicópteros en la provincia de La Rioja, efectuó todas las gestiones y contactos a los fines de que Gordonas, en representación de ALP, pudiera contar con las aeronaves”.
Con respecto a lo que ocurrió sobre el convenio puertas adentro del gobierno de Luis Beder Herrera, la fiscal describió que “Alberto Paredes Urquiza habría ordenado de manera telefónica al Director General de Aeronáutica Hugo Daniel Gorkich que debía enviar los helicópteros”.
Pasaron 3.320 días entre el accidente y el dictamen de la fiscal, es decir, 9 años, 1 mes y 1 día. Por el paso de tiempo, ya hubo un pedido de prescripción del delito que al menos por ahora fue rechazado, pero que podría ser la causa de la caída de la investigación en cualquier momento. Hay 10 muertos que todavía no encontraron justicia y hay muy pocos interesados en que se conozca la verdad.