[REDACCIÓN EL FEDERAL] La hermana Exequiel González, un joven asesinado en 2013 en Chilecito y cuyo crimen permanece impune, denunció que ayer recibió una llamada anónima en la que le indicaron que “se cuide” de la jueza Virginia Illanes Bordón, a quien culpan por la prescripción de la causa.
El caso de Exequiel es emblemático. Porque desde el primer día la policía, la justicia y hasta los médicos forenses lo trataron como un suicidio y la familia asegura que hubo irregularidades y claras maniobras para ocultar el crimen. Fueron sus padres y hermanos los que, a fuerza de voluntad, lograron impulsar la causa y la confesión del mejor amigo del joven, Pablo Lazo, quien reconoció que lo golpeó con un palo en la nuca tras una discusión, lo que le provocó la muerte.
“En 2016 la jueza Illanes debía elevar el juicio, porque el fiscal ya la había instado a hacerlo y la cámara lo había aprobado, pero no elevó la causa a juicio y en 2019 prescribió. Luego el expediente desapareció misteriosamente. Durante la investigación hubo un montón de irregularidades”, contó Johana González en una entrevista con EL FEDERAL ONLINE.
En efecto, tal como recuerda Johana, el 16 de diciembre de 2016 se clausuró la instrucción del caso y el 13 de julio de 2019 el fiscal Diego Torres Pagnussat, cuya actuación es destacada por la familia González, volvió a pedir la elevación a juicio del caso, algo que nunca ocurrió.
En el medio, la familia González acumuló tantas amenazas que decidió dejar Chilecito, a donde se habían mudado unos años antes de San Juan. “Al otro día de sepultar a mi hermano fui a comprar un paquete de galletas Polvoritas y de dos motos se bajaron cuatro personas y me amenazaron con un cuchillo de carnicero, que incluso me lastimó. En ese momento grité y unos vecinos me auxiliaron. Llamé a la policía y me contestaron ‘algo habrás hecho para que te quieran matar’. En otra ocasión, a mi hermano Nicolás lo drogaron en un boliche. Y a mi hermano Lucas lo quisieron prender fuego”, recordó la hermana de Exequiel.
Ayer volvió a sonar el teléfono de Johana con lo que ella interpretó que fue una amenaza. Fue una llamada de un número privado. Una voz anónima le dijo que se cuide de la jueza Illanes, porque su familia es muy “influyente”, según le contó a este medio.
La familia todavía sueña con poder reabrir la causa. El caso, además, está incluido entre las causas que el abogado David Calipo, que patrocina a la familia González, presentó ante el Consejo de la Magistratura para justificar el pedido de jury de enjuiciamiento contra le jueza Illanes Bordón. Es probable que la propuesta sea tratada en la próxima sesión.
Por lo pronto, la jueza Illanes Bordón acumula dos imputaciones por delitos de corrupción y hoy se presentó una nueva denuncia penal en su contra.