La Coalición Cívica, liderada por Elisa Carrió, a través de sus principales dirigentes, como Hernán Reyes, Héctor “Toty” Flores, María Fernanda Reyes, Juan Manuel López y Maximiliano Ferraro, entre otros, presentó ante la justicia una extensa denuncia cuyos datos subieron a una página web bajo el nombre de “No usar a los pobres”. Allí acusaron al dirigente social Emilio Pérsico, entre otros, de “estar de los dos lados del mostrador”.
Desde la Secretaría de Economía Social en la gestión de Alberto Fernández, Emilio Pérsico otorgó y controló subsidios a cooperativas en varias provincias, incluidas algunas que él mismo integraba. Por ejemplo, autorizó subsidios por $473.347.050 a través de seis expedientes a dos cooperativas de las que formó parte: La Patriada y la Federación de Cooperativas Evita LTDA.
Por ende, eran el propio ex funcionario y sus colaboradores los que, además, le daban seguimiento a la rendición de cuentas del dinero que se otorgaba. También lo hacían con el resto de los convenios que firmaba Pérsico para la Unidades de Gestión vinculadas al programa Potenciar Trabajo que era administrado desde la Secretaría de Economía Social. Entre ellas, las de la Asociación Civil Polo Obrero, que lidera Eduardo Belliboni, y las de otras organizaciones sociales, iglesias, organizaciones no gubernamentales, municipios y provincias, entre ellas, La Rioja.
Por esos hechos, hace dos años fue denunciado ante los tribunales de Comodoro Py por la Coalición Cívica (CC) el espacio político conducido por Elisa Carrió y después por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Se lo acusa de los presuntos delitos de “fraude a la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.
Se han realizado un total de 761 pagos a unas 277 cooperativas, asociaciones, fundaciones y federaciones
La más favorecida fue el Movimiento Evita, dirigido por el propio Emilio Pérsico, que es quien se encarga de asignar estos convenios y recibió el equivalente a $15.803.619.444 entre 2020 y 2022. La siguen el MTE que dirige Juan Grabois y recibió $4.003.811.176, luego la Corriente Clasista y Combativa que dirige Juan Carlos Alderete, que recibió $3.200.786.450, y detrás de ellas se encuentran Barrios de Pie, que recibió $2.038.310.399 y Libres del Sur, que recibió $1.244.222.225.
Cooperativas e instituciones de La Rioja, se beneficiaron con el 6,51% de los fondos enviados por Emilio Pérsico.
En el listado de instituciones y cooperativas investigadas por la justicia Federal en Comodoro Py, se encuentra una de La Rioja, identificada como Cooperativa de Trabajo Unión Riojana Limitada.
La información fue corroborada por fuentes de EL FEDERAL ONLINE con acceso al listado de cooperativas incluido en el expedienteimpulsado la Coalición Cívica (CC), en la denuncia en Comodoro Py.
La mencionada cooperativa registra 222 Unidades de Gestión vinculadas al programa Potenciar Trabajo que era administrado desde la Secretaría de Economía Social, como también otras administradas por el Movimiento Evita, y el gobierno provincial de La Rioja.
En La Rioja existen 105 comedores populares y 121 merenderos pertenecientes al Movimiento Evita y de Barrios de Pie registrados en la gestión de Alberto Fernández.
El ex presidente financió con casi 300 millones de dólares a cooperativas y asociaciones de piqueteros entre 2020 y 2023. Las transferencias fueron discrecionales, se hicieron desde el ex Ministerio de Desarrollo Social y las cobraron organizaciones que dependen de dirigentes sociales como Juan Grabois, Emilio Pérsico, Juan Carlos Alderete, Esteban Castro y Eduardo Belliboni, entre otros.
Hasta ahora las causas presentadas contra el líder del Movimiento Evita no avanzaron, aunque fuentes judiciales dijeron a este medio que el trabajo es minucioso y extenso por la gran cantidad de instituciones y fondos enviados.
En La Rioja existen denuncias en fiscalía a cargo de Virgina Carmona por el cobro de montos a los beneficiarios de diferentes planes sociales, que nunca avanzaron.
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Por otro lado, la responsable de la Fiscalía Federal de La Rioja, María Virginia Miguel Carmona, pidió al juez Daniel Herrera Piedrabuena que investigue a 1.060 personas que se desempeñaban en el Gobierno provincial y que habrían cobrado indebidamente los planes sociales del Programa Nacional de Inclusión Socioproductiva y Desarrollo Local “Potenciar Trabajo”.
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Por ese motivo, solicitó que fueran indagados en orden al delito de defraudación en perjuicio de la administración pública, pero hasta la fecha la causa nunca avanzó, ya que el gobierno provincial y las organizaciones sociales de La Rioja no entregan las direcciones de las 1.060 personas beneficiadas para ser investigas, según revelaron las fuentes.
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El circuito sobre el que deberán dar explicaciones las cooperativas beneficiadas es así: el dinero era transferido del Estado Nacional a las cooperativas que firmaban los convenios con la secretaría de Emilio Pérsico por ser Unidades de Gestión del programa Potenciar Trabajo.
Las instituciones ahora investigadas serán indagadas por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita por varios hechos: las supuestas extorsiones que desde comedores y cooperativas se realizaban contra beneficiarios del Potenciar Trabajo para asistir a marchas y protestas; el pago mensual de una “cápita” o monto fijo del dinero que recibían las personas por parte del Estado por realizar 20 horas laborales en esas Unidades de Gestión; y por la presunta rendición espuria de los subsidios que recibían del gobierno de Alberto Fernández a través de un sistema de cooperativas y empresas fantasmas con facturas truchas.