*Por el Equipo de EL FEDERAL ONLINE
La regulación del derecho a la libertad de prensa en la nueva Constitución de La Rioja abrió un debate debido a que el proyecto original de la convencional Mariana Nievas violaba la Constitución Nacional y múltiples tratados internacionales, y utilizaba una fórmula que abría la puerta a la censura judicial con un buen grado de discrecionalidad.
Frente al aluvión de críticas, el gobierno decidió mantener casi intacta la redacción original, manteniendo una de las frases más polémicas del texto vigente, que habla del “abuso de la libertad de expresión”. También incluyó una oración sacada de manual, pero de escasa definición jurídica, que algunos temen que pueda llevar en el futuro a la creación de algún tipo de Código de Ética o colegiación en la que el poder político quiera meter sus narices. “La autorregulación estará sujeta a la libre iniciativa y, se sustanciará con aspectos éticos y deontológicos de la comunicación”, dice la frase en cuestión.
Como sea, el debate sigue vivo y en EL FEDERAL ONLINE decidimos consultar a 12 periodistas de distinto perfil. Primer dato llamativo: varios de los consultados pidió no opinar.
A continuación, exponemos las reflexiones de los que participaron en el orden en que fueron enviadas, con el objetivo de fomentar el debate más allá de la reforma constitucional. Como se verá, hay opiniones distintas y hasta contradictorias, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la necesidad de condenar o no los llamados “discursos de odio”.
Mattías Meragelman (Rioja Virtual, Economía Riojana) propuso hacer “una doble lectura”. Por un lado, el contexto: “Estamos en una etapa que merece un debate, que excede a La Rioja, sobre la información y la comunicación, donde las formas de informarse de la población cambiaron y la certeza sobre qué es real y qué no se ha vuelto muy difícil”.
Por otro lado, apuntó al trabajo sobre ese contexto en el plano local: “En ese punto hay que revisar seguramente también lo mismo, cuándo una noticia es real, cuándo no. Y ahí hay un debate que dar, que no sé si en el formato que termina teniendo este artículo alcanza para regular eso. Y creo que no corresponde al ámbito de la Constitución”.
Eduardo German (Radio Fénix, Cadena 3) pintó un panorama oscuro. “Hay una situación muy complicada sobre el avance que se pretende hacer o se pretendería hacer en la Constitución de la Provincia, ya que una convencional cercana al Gobierno impulsó un proyecto para, literalmente, dejar en la calle a los periodistas a través de la justicia, o hacerlos partícipes en una causa judicial. Me parece una locura. Desde hace un tiempo en la política están permanentemente buscando la quinta al pate al gato y haciendo responsable al periodismo de sus malas gestiones”, planteó.
“El periodismo refleja un hecho y opina, y cuando alguien se siente agraviado, tiene la oportunidad de ir a la justicia”, añadió.
“En La Rioja -sugirió- se debería establecer el día del atentado contra la libertad de prensa cuando se bajó la cámara de la Multiplataforma Fénix en la Plaza 25 de mayo, porque es una síntesis de la avanzada de un gobierno contra un medio de comunicación que no estaba haciendo nada malo”. También lamentó que hayan bajado a Fénix de ViewTV, “que es un sistema financiado por todos”. Y cuestionó las declaraciones del gobernador Ricardo Quintela con respecto a TN, La Nación y Cadena 3.
Ivana Azcárate (Canal 9, Medios Rioja) defendió la reforma promovida por el gobierno provincial. “Cada profesional tiene su régimen de ética, que es el que regula el ejercicio de la profesión y sanciona o ‘llama la atención’ a quien atenta con el buen nombre y uso de esa profesión. Con esta reforma se intentó hacer eso, responsabilizar por los hechos y dichos a quienes se excedan o se escuden detrás de la ‘libertad’”.
También preguntó, con un dejo de ironía, qué es la libertad. “¿Es coartar la vida del otro con mis dichos infundados o editoriales combativas en oposición de los ideales que no me representan? ¿Es acaso señalar deliberadamente a cualquiera por cualquier culpa sin fundamento? ¿Es inventar fundamentos o escudarse detrás de ‘fuentes confiables’ para confundir o difamar en pos de la verdad?”.
Y advirtió que las eventuales represalias que podrían sufrir los periodistas “no son por ‘lo que se dice’, sino por lo que de manera impune se publica y no se corrobora, o, peor aún, se inventa voluntariamente, quitándole así a la población uno de los derechos fundamentales, que es el acceso a la información, porque la información es poder y esa sí que nos hace libres”.
Oscar “Gringo” Vigna (La Red, Canal 9) puso el acento en dos cuestiones: no debe haber límites a la libertad de expresión y no hay necesidad de modificar la actual redacción de la Constitución sobre el tema. También lamentó la falta de información sobre los proyectos.
“Cualquier tipo de límite a la libertad de expresión o prensa es lisa y llanamente un hecho de censura y abuso de autoridad. Los primeros proyectos que comenzaron a circular me generaron muchas dudas sobre el rol del Estado y su potestad de apuntar a cualquier periodista que por el sólo hecho de informar contrario al pensamiento de gobierno pueda ser perseguido, censurado y hasta enjuiciado. Incluso la posible incorporación frases como apología del odio o discurso del odio, que me acuerdo que circuló por ahí, me resulta chocante y amenazante, y hasta lesivo a la dignidad de mi condición de periodista”, sentenció.
“Si alguien se considera agraviado por un periodista debe ir a la justicia ordinaria y para ello existen las herramientas necesarias. Se llegó a hablar de una potencial colegiación obligatoria, algo que sería ya de por sí aberrante e incompatible con la libertad de expresión, pues no se puede asignar a un grupo el derecho a informar”, cerró.
Romina Gómez (coordinadora de Comunicación Social en la UNLAR) destacó, como aspecto positivo, que “se reconozca a la comunicación y el ejercicio periodístico dentro de los derechos humanos”. Pero advirtió que el derecho a la libertad de prensa “sólo puede ser posible de la mano de otros derechos”.
En esa línea, hizo foco en dos cuestiones. De un lado, la necesidad de que el Estado implemente “mecanismos que le permitan al periodismo desarrollarse efectivamente en toda su plenitud, como brindar un andamiaje muy diverso de herramientas administrativas que garantice el acceso a la información pública de manera sencilla, que esté a disposición, digamos, casi en un clic”.
Por otro lado, opinó que las condiciones de trabajo son fundamentales, por lo que reflexionó que “el Estado provincial debería garantizar determinadas condiciones laborales para que el ejercicio de la prensa tenga esa calidad que lo erige como derecho humano”.
Fernando Viano (Nueva Rioja) opinó que el artículo 32, en su redacción, “no ha profundizado lo suficiente -tampoco lo hacen los artículos subsiguientes vinculados a los derechos y deberes digitales- en una temática que amerita un debate a consciencia, responsable y con la participación real de quienes forman parte activa de los medios de comunicación en la Provincia”.
Además, considero que el “artículo 32 se queda a mitad de camino, entre otras cuestiones, frente al desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que ha posibilitado no sólo que cualquier persona pueda tener un acceso casi inmediato a las fuentes de información, sino que al mismo tiempo pueda convertirse en productor (y no sólo reproductor) de contenidos cuyo alcance y efectos resultan inimaginables ameritando, sin lugar a dudas, otro análisis en profundidad respecto de acciones regulatorias”, cerró.
La comunicadora Manuela Calvo advirtió que “aunque el artículo 32 no tuvo grandes modificaciones, despertó importantes debates que considero pendientes y necesarios”.
“La única variable en ese artículo que quedó es la incorporación de la autorregulación y la deontología. Yo propuse dejar establecidas prácticas que son lesivas para la democracia, incorporando un artículo de gobernanza que no quedó. Me pareció una oportunidad de sentar postura ante el panorama de posverdad que incluye campañas sistemáticas de desinformación, discursos de odio y el negacionismo, que están vulnerando el derecho a la información de la ciudadanía, pero entiendo por qué a ese debate aún le falta madurez y genera dudas, por lo que celebro que esta reforma nos haya invitado a ponerlo sobre la mesa, aunque eso no se vea plasmado en el texto final”, reflexionó.
“Es lógico que se dude de quien ejerce el poder cuando se habla de regular nuestras libertades consagradas, de hecho, es sano que así sea. Lo cierto es que la mercantilización de la comunicación y la concentración de poder que implican las empresas privadas extranjeras no tiene precedentes históricos y hay fenómenos que los Estados deben regular con urgencia. Las plataformas donde nos informamos imponen sus reglas de manera unilateral y eso está afectando la soberanía informativa en el mundo. Nosotros no estamos exentos de este problema, de hecho, desiertos informativos como los nuestros son los más perjudicados en este contexto, por lo que, aunque el artículo 32 haya quedado casi intacto, aprecio que hayamos iniciado este debate que aún le falta mucho porque no cabe en ningún recinto”, concluyó.