*Por el Equipo de EL FEDERAL ONLINE

Aunque el gobierno provincial tiene todo listo para la salida a la luz de los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE), conocidos como “Chachos”, en la Casa Rosada y el Banco Central (BCRA) tienen dudas y analizan los pasos a seguir. Desde la provincia contestaron a los cuestionamientos y buscaron llevar tranquilidad.

Dos fuentes de la Casa Rosada y de La Libertad Avanza indicaron a EL FEDERAL ONLINE que hoy la mayor cantidad de dudas están puestas en la empresa del Estado provincial que supuestamente participará de la operación, según informó el vicepresidente del Banco Rioja, Marcelo Becerra. Se trata de BR Servicios Financieros, una sociedad de accionista único, que canaliza distintos productos, como las tarjetas Visa y MasterCard del Banco Rioja, y la Tarjeta Alimentar, entre otras.

Según explicó Becerra, el gobierno provincial decidió que la financiera se haga cargo del servicio de los Chachos para no exponer al Banco Rioja a sanciones que podrían dañar seriamente sus operaciones, pero en el BCRA creen que no es suficiente y que podría haber irregularidades, pues la ley 10.703 -que autorizó la emisión- estableció en su artículo 6º que el rescate estaría a cargo del banco provincial “u otras entidades bancarias de plaza”.

No obstante, fuentes oficiales de la Casa de las Tejas indicaron a este medio que las operaciones “no estarán en cabeza de BR, sino del gobierno propiamente dicho, a través del Ministerio de Hacienda y la Tesorería General de la Provincia”.

En el BCRA están definiendo los pasos a seguir. “Pase lo que pase, será objeto de una investigación. Para emitir un bono se necesitan muchas condiciones, desde cuestiones vinculadas a la Comisión Nacional de Valores (CNV) hasta el Banco Central. Hay que ver si lo cumplen”, indicó una de las fuentes consultadas. “También se analizará el uso de BR para mover los bonos, porque en caso de detectar irregularidades, podría haber un delito federal”, añadió.

Hay otro tema más que genera suspicacias, que es que hasta ahora no se conoce ningún tipo de reglamentación, sólo una web del gobierno provincial con algunas precisiones. “Los bonos –dijo una de las fuentes – deberían decir en su formato físico cuándo y cómo se van a devolver, y qué tasa de interés generan”.  

Más tarde, cuando el gobierno emitió una gacetilla de prensa con varias aclaraciones, la misma fuente agregó: “Debería haber una ley que indique esos detalles”. Desde el gobierno provincial contestaron que “están al tanto de las posibles consecuencias” y que “este sábado se terminará de diseñar la reglamentación”.

Las llamadas “cuasimonedas” tienen su origen a mediados de los ’80 y volvieron a ponerse de moda con la crisis de 2001, cuando llegaron a haber 15 tipos diferentes. Como la Constitución Nacional expresamente prohíbe que las provincias emitan billetes, muchas veces se apeló al formato de los bonos, que para ser legales tienen que cumplir una serie de requisitos.

“Si bien tenía una parte irregular, el único bono de cancelación de deuda que circuló legalmente en el país en la historia reciente fue el CECOR (foto), de Córdoba. Los bonos no pueden pasar de mano en mano como si fueran billetes, sin pasar por la CNV. Por eso, el resto fue una mentira, que el BCRA no los debería haber aceptado”, explicó una de las fuentes. “Con el criterio que aplica la provincia de La Rioja, cualquier municipio podría emitir su bono y hacerlo circular. Sí pueden emitir un bono las provincias, pero eso no se puede usar para pagar salarios, porque la ley exige que las transacciones con bonos se realicen dentro de un mercado de valores”, añadió.

La Carta Orgánica del Banco Central (ley 24.144) dispone en su artículo 30 que el BCRA “es el encargado exclusivo de la emisión de billetes” y establece expresamente que “los gobiernos provinciales no podrán emitir billetes ni otros instrumentos que fuesen susceptibles de circular como moneda“.

Este último punto, remarcado en cursiva, es el que abre el interrogante sobre la cuasimoneda riojana. En 2003, cuando el gobierno de Néstor Kirchner rescató los bonos que se emitieron en 2001, se aprobó la ley 25.780, que estableció que “se entenderá que son susceptibles de circular como moneda, cualesquiera fueran las condiciones y características de los instrumentos, cuando” opere alguna de las siguientes circunstancias:

1. “El emisor imponga o induzca en forma directa o indirecta, su aceptación forzosa para la cancelación de cualquier tipo de obligación”.

La pregunta que se hacen en el BCRA, entonces, es si el gobierno de La Rioja, el emitir el bono, “impone o induce” a “su aceptación forzosa”. En esa línea, advierten que la ley que aprobó los BOCADE riojanos establece, en su artículo 4, que las tres funciones del Estado, los municipios, entidades descentralizadas, entidades autárquicas y las sociedades o empresas del Estado “aceptarán obligatoriamente los Bonos creados por la presente ley”. Habrá que ver cómo se implementan. Todavía no se conoce la letra chica.

2. “Se emitan por valores nominales inferiores o iguales a 10 veces el valor del billete de moneda nacional de máxima nominación que se encuentre en circulación”.

Con respecto a este punto, en la Casa Rosada advierten que no debería haber bonos con valores menores a $100.001 mil pesos, aunque los billetes de $10.000 salieron hace poco a la luz y los anteriores de máxima denominación eran de $2.000. Los Chachos tendrán valor de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 y 50.000.

Sin embargo, en la Casa de las Tejas aclararon que los Chachos “no fueron emitidos con normas de la CNV, por lo tanto, no corre la limitación sobre los montos de los billetes”.

El otro punto que remarcaron las fuentes del BCRA es que hay varios fallos que podrían ser contrarios a La Rioja. Los primeros, de la década de 1920, contra la provincia de San Juan. Un año más tarde, en 1927, la Corte Suprema falló en contra de la provincia de Jujuy por un título de deuda que había emitido, porque tenía características y apariencia de billete fiduciario, lo que demostraba que su finalidad era la circulación como papel moneda.

El máximo tribunal incluso ordenó en el caso de Jujuy que, pese a la ilegalidad de la operación, el gobierno provincial tenía que pagar a sus tenedores. Esto debería ser un alivio para los eventuales tenedores de los “Chachos”, pues por más que se detecten irregularidades, el Estado provincial estará obligado a cancelar su deuda.

Hay una sentencia más reciente, del año pasado, de la Cámara Federal de Córdoba, que es importante porque es el tribunal de alzada del juzgado federal de La Rioja, por lo que deberá intervenir si el tema se judicializa. En ese caso, los magistrados confirmaron la validez de unos BOCADE emitidos por Córdoba, porque no tenían curso legal ni forzoso, y no afectaban la unidad monetaria ni la política económica nacional.

En otras palabras, si ese tribunal llega a considerar que los BOCADE riojanos son de curso legal o forzoso, o afectan la unidad monetaria o la política económica nacional, podría llegar a fallar en contra de su legalidad.

En el medio se cruzará la cuestión política. Naturalmente, hay intereses en que el bono fracase. Un dirigente libertario consultado lo minimizó. “Se van a estrellar sin que tengamos que hacer nada”, deslizó.

En la otra vereda, un funcionario provincial al que se le pidió precisiones buscó llevar tranquilidad. “Analizamos todos los escenarios, no deberían subestimarnos. ¿De qué tienen miedo los libertarios?”, preguntó con ironía.

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