*Por Juan Pablo Parrilla
La jueza Norma Abate de Mazzucchelli, acusada de pedir una coima para agilizar una sucesión que cursaba en su juzgado, logró frenar el inicio del jurado de enjuiciamiento en su contra. La magistrada, imputada por exacciones ilegales, había presentado un recurso de amparo, que fue concedido por el Tribunal Superior de Justicia. Sin embargo, los plazos ya están corriendo.
“Ella sigue usando todos los elementos dilatorios habidos y por haber para que no comience el juicio”, resumió una fuente judicial consultada por este medio. “Está ganando tiempo, pero no es ilegal, sino que son herramientas constitucionales que está usando a su favor. La pregunta, en todo caso, es por qué el Tribunal Superior de Justicia no rechazó in limine su planteo, si todo lo que alegó ya se resolvió con anterioridad”, completó otra fuente.
La novedad del escrito que presentó Abate de Mazzucchelli para frenar el jury es que fue la primera vez que contó con al firma de un abogado patrocinante, Gabriel Pavón, quien no contestó a los mensajes de este medio. Hasta ahora la jueza había designado a dos abogados ante el jury, pero ambos renunciaron, según las fuentes.
Los plazos
Una de las cuestiones a tener en cuenta son los plazos del jury, que ya comenzaron a correr. El artículo 157 de la Constitución provincial, que regula el trámite del jurado de enjuiciamiento, establece que “corresponderá archivar las actuaciones y, en su caso, reponer al juez suspendido, si transcurrieren 60 días hábiles, contados desde la decisión de abrir el procedimiento de remoción, sin que haya sido dictado el fallo”.
Si se tiene en cuenta dicha disposición de manera textual, el plazo comenzó a contar el 16 de mayo, cuando el Consejo de la Magistratura emitió el acuerdo 18/24, a través del cual se dispuso la apertura del procedimiento ante el Jurado de enjuiciamiento, por lo que el jurado de enjuiciamiento tendría hasta fines de agosto.
Ese plazo de 60 días es ratificado por la ley 8.450, que reglamenta el procedimiento. Pero a su vez la norma establece otro plazo para el trámite, de 30 días hábiles, prorrogables por otros 15 días hábiles más, desde la decisión de acusación hasta la fecha de vencimiento para la contestación de demanda.
En este punto hay otro debate: si los plazos, en realidad, empiezan a contar desde el acuerdo en el Consejo de la Magistratura o desde que se notificó a los miembros del jury, el 6 de junio. Las fuentes consultadas creen que debería ser esta última opción.
Como sea, las fuentes coinciden en que Abate de Mazzucchelli busca dilatar el procedimiento, porque prácticamente no hizo planteos nuevos en el recurso de amparo en el que solicitó la suspensión de la primera audiencia del jury, que estaba prevista para este martes, a las 8.30, en la Asociación de Magistrados. Los magistrados de la corte concedieron el recurso, con el objetivo de evitar nulidades en el futuro.
Recusaciones
Fuentes judiciales indicaron que, en suma, Abate de Mazzucchelli insistió con una serie de planteos que viene realizando desde hace tiempo. En primer lugar, reiteró su pedido de recusación contra la jueza Gabriela Asís, quien salió sorteada como presidenta del jurado de enjuiciamiento. La solicitud ya había sido rechazada.
Con anterioridad, la magistrada también había recusado a las diputadas Gabriela Amoroso y Nadina Reinoso, que también son parte del jurado. Sin embargo, la ley 8.450 dispone en el artículo 24 que sólo se puede recusar a uno de los miembros del jury. Abate de Mazzucchelli apuntó, entonces, contra Asís, pero argumentó que dicha limitación es inconstitucional, pues va en contra de su derecho de defensa. El TSJ deberá resolver esa cuestión.
La recusación como posible estrategia dilatoria no es nueva en el caso de la magistrada filmada mientras pedía, supuestamente, una coima. En el pasado, Aabte de Mazzucchelli ya había recusado a dos de las tres integrantes de la Comisión de Investigación y Acusación del Consejo de la Magistratura, la jueza Edith Agüero y la diputada Gabriela Rodríguez. También había recusado a la jueza penal Cecilia Córdoba. Todos los planteos habían sido rechazados.
La magistrada, a su vez, volvió a argumentar que hay errores en la acusación y atacó el rechazo que el Minsiterio Público Fiscal hizo contra uno de sus planteos.
En ese punto, según explicó una de las fuentes consultadas, hay una diferencia sobre las inmunidades. La Constitución de La Rioja establece que los jueces “no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o votos que emitan en el desempeño de su mandato”. Fuentes judiciales indicaron que Abate de Mazzucchelli sostuvo que con la acusación en su contra fue “molestada”, pese a que todavía tiene inmunidad.
El fiscal Luis González replicó esa presentación, con el argumento de que la simple notificación del inicio de la investigación en su contra no es una “molestia”. Es una situación análoga a la de la jueza Virginia Illanes Bordón, de Chilecito, investigada por delitos de corrupción en dos causas penales. En este último caso, la semana pasada pidieron su desafuero para que pueda avanzar la investigación. Las normas vigentes sobre el tema no están del todo claras.
En la causa penal, que corre en paralelo al jurado de enjuiciamiento, Abate de Mazzucchelli está imputada por exacciones ilegales, un delito excarcelable, que tiene una pena eventual de 1 a 4 años de prisión. El expediente está a cargo de la jueza Cecilia Córdoba.
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