Hace algunos días, la jueza de Instrucción de Violencia de Género de Chilecito, María Alfonso, emitió una resolución que prohíbe al abogado David Calipo a emitir opiniones sobre la jueza de Instrucción Virginia Illanes, a quien denunció por irregularidades en su función judicial. Esta medida generó controversia sobre la libertad de expresión y el derecho a informar sobre el avance de las denuncias.
En dialogo con La Red, David Calipo expresó su sorpresa e indignación ante la prohibición impuesta. “En el tenor de la resolución que me impusieron, ni siquiera puedo juntarme con los denunciantes a hablar de la magistrada. Tenemos que hablar en seña o en mímica para que no se ofenda la magistrada imputada por más de 40 expedientes en situación irregular,” comentó Calipo.
Calipo presentó un total de 40 expedientes en los que denuncia irregularidades en el desempeño de la jueza Illanes, de ese total 23 expedientes son recientes y otros 17 previamente. Según Calipo, la respuesta judicial es “bochornosa” y “desastrosa”, y acusó a las autoridades de intentar encubrir el caso.
“Lo que han hecho con esta resolución tiene que ver claramente con mis expresiones en relación a que, en las redes personales de la magistrada, miembros de la política interactúan con ella,” explicó Calipo. Señaló que la imposición de las medidas se realizó de manera cuestionable, notificándolo un viernes por la tarde sin acompañar la resolución completa y en el último día del primer periodo judicial.
En un giro adicional, la jueza Illanes denunció a Calipo por violencia de género, al argumentar que las declaraciones del abogado le han causado estrés y angustia, llevándola a una licencia psiquiátrica. “La magistrada presenta una denuncia por violencia de género al juzgado por considerar que yo soy básicamente violento moral,” comentó Calipo, quien refutó las acusaciones e inidicó que su crítica se basa en la función pública de Illanes y no en su condición personal. “La realidad es que no existe delito, por eso no voy a hacer caso a una resolución que está totalmente en contra del marco normativo”, destacó el abogado.
Ante la falta de acción judicial y el manejo del caso, Calipo afirmó su determinación de seguir denunciando las irregularidades hasta que se tome una decisión firme. “Nos vamos a dedicar todos los días hasta el día que la magistrada sea removida” afirmó.
El abogado también presentó un amparo ante el Tribunal Superior de Justicia para solicitar que se levanten las medidas restrictivas porque violan derechos constitucionales como la libertad de expresión y el derecho a trabajar. “Me está censurando, me está privando mi derecho a trabajar, me está privando mi derecho a peticionar a las autoridades. Toda esta resolución que se hizo entre gallos y medianoche para publicarlo atenta en contra de todos los derechos constitucionales vigentes, no sólo para mí, mi condición de abogado creyente, sino también mi condición de ciudadano”, expresó el letrado.