A pesar de una advertencia por posibles irregularidades realizada por la sindicatura de OSUNLaR, a comienzos de 2023, su entonces presidenta, María del Carmen Corzo, autorizó un millonario pago de urgencia a una empresa de escasos antecedentes comprobables para que realice la extracción de 10 eucaliptos del club de la obra social. Una denuncia penal presentada recientemente contra la contadora asegura que los árboles nunca fueron removidos, pese a que la transferencia de dinero se hizo igual.
Se trata de uno de los siete hechos por los que Marita Corzo fue denunciada ante la justicia penal, entre los que se incluye la contratación de una empresa constructora sin antecedentes ni empleados para brindar servicios de emergencias y de sepelio, tal como EL FEDERAL ONLINE reveló hace algunas semanas. Este artículo se basa en las pruebas aportadas por la querella, pues la contadora no contesta a los mensajes enviados por este medio.
“Peligro de vida”
El 30 de enero de 2023, el ingeniero Pablo C. Carrizo, que supuestamente estaba al frente de las obras en el Centro Social y Deportivo de OSUNLaR, presentó un pedido de “relevamiento y cotización por los trabajos de poda y remoción de árboles de gran porte y en mal estado de conservación”. No aclaró de cuántos eucaliptos se trataba.
Para la síndica, Liliana Ortiz Fonzalida, en el expediente ni siquiera “se pudo constatar la condición de director de obra del ingeniero Carrizo”. Curiosidad al margen, se trata de la persona mencionada por el portal Inforama como el referente de la enigmática empresa riojana UMG Compañía Minera, que, según una denuncia periodística, se quedó con varias obras públicas por casi 10 mil millones de pesos en Catamarca, pese a que no tenía experiencia.
En su informe, al impulsar la remoción de los árboles, el ingeniero Carrizo se basó en dos motivos para justificar su petición. Por un lado, mencionó que se preveía la construcción de cocheras en ese sector, que no identificó y que jamás se realizaron.
No está demás aclarar que este medio no pudo corroborar la ubicación precisa de los árboles, dado que no están identificados en el pedido hecho por el ingeniero Carrizo, quien tampoco contestó a los mensajes de este medio, pero las fuentes consultadas coincidieron en que se trata de los que están en la zona del actual estacionamiento, donde justamente hay 10 eucaliptus. Si efectivamente esos iban a ser los árboles removidos, difícilmente la estructura de una cochera hubiera abarcado toda esa área, pues hay unos 170 metros entre el primero y el último, según la ubicación que las fuentes consultadas brindaron a este medio.
Por otro lado, manifestó un argumento que es clave si, como sostiene la renuncia, los árboles nunca se removieron. Alegó que “debido a las recurrentes tormentas (…) estos árboles han sufrido quebraduras, caídas totales o parciales de ramas de gran porte”, lo que “pone en franco peligro de vida a los transeúntes que circulan ávidamente por estos sectores del camping”.
Primer dato clave en esta historia: si era tan urgente, ¿por qué tradaron tanto en pagarle el anticipo a la empresa desde que el contrato fue celebrado, el 6 de marzo, hasta que se hizo la transferencia el 22 de abril, cuando ya estaba terminando la temporada de tormentas?
Pago por adelantado
En su informe, la síndica Ortiz Fonzalida advirtió también que el expediente empezó a avanzar “sin la autorización emanada del Consejo Directivo”. Y que en la compulsa de precios hubo “inconsistencias en las fechas de los oferentes, todas ellas diferentes e incluso anteriores al inicio del expediente”.
En efecto, el expediente se inició el 17 de febrero, con un pedido para que Marita Corzo autorice los trabajos, pero las ofertas son del 7 y el 13 de febrero.
Por un lado, la empresa B&B estimó el costo final en casi 8 millones de pesos, mientras que Grandes Jardines cotizó $4,2 millones más IVA.
A diferencia de la primera oferta, la de Grandes Jardines exigía un pago del 50% por adelantado.
Pago de urgencia
El 17 de febrero fue un día clave en el expediente interno de OSUNLaR que trató el tema de la remoción. Ese día, según el expediente aportado a la casua penal, se abrieron las actuaciones, se presentó el pedido para que Corzo autorice el trámite, el gerente general adjuntó las ofertas y el departamento económico avaló la operación. Todo, en 24 horas.
Luego, el 23 de febrero, también en un mismo día, el departamento jurídico y quien era el síndico en ese momento sumaron su aval, aunque, en el medio de esos dos escritos, en el expediente aportado como prueba figura la constancia de inscripción en AFIP como monotribusta en la categoría B del dueño de Grandes Jardines, Daniel Gerardo Carmona, documento que fue impreso un día después, el 24 de febrero, es decir, un día más tarde.
El 3 de marzo, Carmona emitió la factura en concepto de “servicio de extracción de árboles de eucalipto” por 2,1 millones de pesos, es decir, el 50% de lo pautado, aunque sin el IVA que exigía la oferta original. Fue la segunda factura que realizó desde que se inscribió en AFIP en febrero de 2022.
La orden de pago de OSUNLaR, firmada por Carmona, actúa como el contrato entre la obra social y Grandes Jardines. Tiene por fecha el 6 de marzo de 2023, tres días después de la presentación de la factura. Allí se establece que el trabajo debía comenzar al otro día, el 7 marzo. Y que la obra tenía un tiempo estimado de duración de 30 a 40 días, aunque no aclara si son hábiles.
Y así las cosas, el 22 de marzo, Marita Corzo autorizó el “pago de urgencia” del anticipo. “Ello se fundamenta en la necesidad urgente de prevenir un daño mayor hacia el mismo personal del Centro Social y Deportivo, a terceros y a bienes materiales con exclusiva responsabilidad de la institución que presido”, argumentó.
No obstante, el 4 de abril, la síndica Ortiz Fonzalida, que había asumido recientemente, propuso “revisar todo lo actuado” por varios motivos: la falta en el expediente de la autorización del Consejo Directivo, la falta de la resolución de Presidencia que haya autorizado abrir el expediente, la falta de constatación de que el ingeniero Carrizo era el director de la obra, inconsistencias en las fechas de los oferentes, falta de precisiones en el informe del departamento económico y diferencias entre el monto de la orden de compra y el monto de contratación.
Además, la síndica subrayó el hecho de que Carmona era un monotributista categoría B, que era la segunda factura que emitía y que no registraba inscripción como empleador, “cuestión que al menos debería ser considerada por cuanto la tarea pretendida no puede ser ejecutada por una sola persona, con los pagos de ART y demás obligaciones legales”.
Sin embargo, Marita Corzo desestimó las advertencias de la síndica y aprobó la extracción de los diez eucaliptos. Y el 20 de abril finalmente se hizo la transferencia de dinero.
En la denuncia penal presentada a principios de agosto contra Corzo, el abogado Esteban Mulleady aseguró que “el servicio nunca se realizó”, pese a que se pagó el adelanto. “No se removió ni un sólo árbol”, sentenció.
EL FEDERAL ONLINE quiso conocer la versión del resto de los involucrados. Ni la contadora Corzo ni el ingeniero Carrizo respondieron a los mensajes de este medio. Carmona, en cambio, contestó a la consulta y sugirió preguntar a la obra social. “Pararon todo. No sé más que eso. Problemas internos sé que ocurrió”, fue todo lo que escribió por WhatsApp antes de dejar de responder.
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