[REDACCIÓN EL FEDERAL] Ayer a las 17 horas, en el segundo piso del Shopping Catedral, donde funcionan los juzgados de faltas, varias personas esperaban que alguien los atienda. No había empleados. Los habían citado a una reunión. “La orden fue que hay que facturar”, contó uno de los presentes en ese encuentro. Un funcionario municipal corroboró la información.
Sucede que desde hace tiempo el Municipio viene buscando incrementar su recaudación. La idea es sencilla: juntar más dinero para hacer obras y diferenciarse de la anterior gestión.
Para eso viene contando con el beneplácito de los concejales peronistas, que a diferencia de la actitud que tuvieron durante la gestión de Inés Brizuela y Doria, aceptaron aumentar impuestos muy por encima de la inflación.
Los aumentos en algunos casos llegan a cifras exorbitantes. El impuesto a estacionar en el centro, por ejemplo, pasó de $90 a $490. Hay algo todavía más burdo, digno de un usurero: los intereses de la multa son del 0,5% diario, es decir, 15% mensual.
Los concejales peronistas también habilitaron el camino para que el Municipio realice actualizaciones cuatrimestrales de las tasas municipales, que con Brizuela y Doria subían una vez al año y, en general, de cerca del 50% de la inflación. Los ediles también descongelaron algunas tarifas. Hubo muchas quejas de comericantes por los exorbitantes incrementos.
Más controles, más recaudación
El intendente Armando Molina, según las fuentes consultadas, pidió que se multipliquen los controles de tránsito y que se hagan de manera sorpresiva. Los que conocen del tema saben que los controles habituales buscan disuadir infracciones de tránsito, mientras que los controles sorpresivos tienen una meta clara: recaudar.
Aquí hay una contradicción: la orden de la administración provincial, cuando Molina era Secretario de Gobierno, era minimizar el impacto de los controles, sobre todo en etapa de fiestas. Había una idea de que retener una moto conllevaba un insulto al gobierno provincial. El costo, en todo caso, lo tenía que pagar Brizuela y Doria.
En cambio, ahora, despesperado por recaudar, Armando Molina también mandó a controlar las obras en los barrios: los funcionarios recorren las calles buscando materiales en las veredas.
Hay otro cambio. Antes en los juzgados de faltas, si por ejemplo una motociclista había cometido varias infracciones, se le cobraba una sola. Ahora la orden que llegó en la reunión de ayer fue contundente: “hay que facturar”.
Ante la consulta informal de este medio, una fuente del Municipio culpó de las maniobras al ajuste del gobierno de Javier Milei. “Es la única forma que tenemos para defendernos”, sintetizó un funcionario.
La Edad Media municipal
El método para pagar multas es sencillamente arcaico y engorroso. Y si el contribuyente lo hace en auto, deberá sumar unos pesos para pagar el estacionamiento medido, que sugestivamente volvió a funcionar con aval judicial tras la salida de Brizuela y Doria.
Mientras en cualquier ciudad moderna los infractores pueden imprimir sus multas y pagarlas en cualquier lado, en La Rioja hay que hacer cuatro filas. Primero, ir al juzgado de faltas en el horario correcto, golpear puertas hasta dar con la indicada porque hay pocos carteles y algunos son confusos, y pedir que los empleados preparen el plan de pago voluntario.
El trámite no termina ahí: con ese papel hay que ir luego a la Dirección de Rentas, en donde se deben hacer dos filas más: una para que recibir el cupón de pago y otra en la caja. Y finalmente hay que volver una vez más al juzgado de faltas a entregar el comprobante para que limpien la falta del sistema. Son horas y varios gastos para pagar una multa.
También en la provincia
La Provincia hizo lo suyo también. Los ingresos brutos subieron medio punto porcentual, pero otros servicios aumentaron mucho más. Por ejemplo, una vivienda en zona sur que pagaba de impuesto $570 por mes hoy debe abonar $10 mil, con un interés por mora de alrededor del 6% mensual.
Pero habrá un alivio para los incumplidores: fuentes extraoficiales confirmaron a este medio que la Dirección General de Ingresos Provinciales prepara una moratoria, que será anunciada la próxima semana. El objetivo es el mismo: recaudar.