La Sala IV de la Cámara Federal dede Casación Penal se constituirá en audiencia el miércoles 13 de noviembre, para leer la sentencia final que revisa la situación de Cristina Kirchner en la Causa Vialidad: deberá ratificar si es culpable o si la considera inocente. La convocatoria es a las 11 de la mañana en Comodoro Py 2002. La expresidenta tiene condena en primera instancia de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
El tribunal está integrado por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes comunicarán si confirman, revocan o modifican el pronunciamiento del TOF 2, que fijó una pena de seis años de prisión contra la ex presidenta, al encontrarla responsable de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Desde el entorno de Cristina Kirchner aseguraron que no tiene previsto asistir personalmente a la audiencia. Tampoco es obligatorio, porque para su notificación es suficiente la presencia de los abogados defensores.
El dictamen también estará dirigido al resto de los condenados por el tribunal oral: el empresario Lázaro Báez (6 años), el ex secretario de Obras Públicas de la Nación, José López (6 años); los ex funcionarios de Vialidad, Nelson Periotti (6 años), Mauricio Collareda (4 años), Juan Carlos Villafañe (5 años), Raúl Daruich (3 años y 6 meses), Raúl Gilberto Pavesi (4 años y 6 meses), y José Raúl Santibáñez (4 años).
Asimismo, fueron citados los imputados que resultaron absueltos en la instancia del juicio oral: el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el ex subsecretario de obras públicas, Abel Fatala; el ex presidente de Vialidad Santa Cruz, Héctor Garro; y el exsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Kirchner.
De acuerdo al artículo 400 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN), será el presidente del tribunal el encargado de leer la resolución. Podrá exponer solo la parte dispositiva, y fijar una nueva audiencia para dar a conocer los fundamentos.
En los últimos días, Casación puso en conocimiento de las partes que deberán concurrir al acto presencial, sin perjuicio de que se transmitirá al público en general a través de videoconferencia.
El lunes o el martes definirán en cuál de las salas del edificio se llevará a cabo el encuentro. Será necesario que disponga del espacio para todas las partes participantes, a la vez que se aguarda la presencia de medios de comunicación nacionales e internacionales.
Activarán el protocolo de seguridad con el propósito de evitar desbordes. No descartan que la militancia se movilice a Tribunales, tanto desde afuera como adentro del edificio. En Comodoro Py existen organizaciones gremiales que respaldan a Cristina Kirchner, y que en ocasiones anteriores se agruparon en los pasillos para manifestar su respaldo.
¿Por qué los jueces le podrían aumentar la pena?
Para el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) se probó que entre el 2003 y el 2015 existió un plan criminal con el fin de obtener beneficios económicos a través de la obra pública adjudicada a las empresas del Grupo Austral, para la construcción de obras viales en la provincia de Santa Cruz.
Por esa razón condenó a Cristina Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión por encontrarla responsable de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, y descartó la acusación como jefa de una supuesta asociación ilícita.
Al recurrir a la Cámara de Casación Penal, el fiscal Mario Villar ratificó el pedido de sus colegas Diego Luciani y de Sergio Mola, por lo que reclamó elevar la pena a 12 años de prisión, incluyendo la acusación como jefa de una asociación ilícita por las 51 licitaciones irregulares.
Por otro lado, solicitó que José López, Julio De Vido, Nelson Periotti, y Lázaro Báez sean condenados como organizadores, y que se revoque el sobreseimiento de Abel Fatala, Héctor Garro y Carlos Kirchner.
El fallo Casación no sería unánime. La discusión entre los jueces se prolongó durante meses intentando encontrar acuerdos, pues para dictaminar en cualquier sentido se requiere que al menos dos de ellos piensen igual.
Al parecer los camaristas coincidieron en que la defraudación existió, pero en relación al delito de asociación ilícita no habría sucedido lo mismo. No obstante, en el caso de que resolvieran elevar la pena deberían activar el artículo 458 del CPPN.
La norma establece que el ministerio público fiscal podrá recurrir cuando haya pedido una pena privativa de la libertad de más de tres años, una inhabilitación por cinco años o más, o la otorgada sea inferior a la mitad de la requerida. En esa hipótesis, el caso debería ser revisado por otra sala de Casación antes de que pueda llegar la queja a la Corte Suprema.
La expectativa del fiscal Luciani
Durante el Encuentro de Corrupción, organizado por Transparencia Internacional en España, el fiscal Diego Luciani expresó que “La Justicia no puede ser garante de la impunidad”. Al disertar sobre su trabajo de investigación reclamó que las “condenas tienen que quedar firmes”.
Agregó que “si la persona corrupta tiene que ir presa, que vaya presa; y tiene que devolver los bienes que se llevó del Estado, porque sino el resultado del proceso es la impunidad”.
Recordemos que en su alegato, Luciani le dijo al tribunal que “la sociedad reclama justicia y ustedes, señores jueces, son los encargados de dar a cada uno lo que corresponde. Una sentencia ejemplar puede ser el primer paso para restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones…“Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia. Y ustedes tienen la decisión”.