La marcha nacional que se realizó ayer frente al Congreso y que se replicó en ciudades de todo el país, se desarrolló este viernes en la capital riojana. En una movilización masiva, profesionales, prestadores de servicios, familiares, personas con discapacidad, organizaciones sociales reclamaron por la crítica situación que atraviesa el sector de la discapacidad en Argentina.
La concentración que se congregó frente a la Catedral, se movilizó alrededor de la Plaza 25 de mayo con antorchas, velas, carteles y un gran objetivo, el de visibilizar la discapacidad y solicitar la declaración de emergencia a nivel nacional.
Las voces se unen en todo el país pidiendo la sanción de la ley de emergencia en discapacidad. La gravedad de la situación se viene profundizando, por un lado, prestadores de servicios reclaman pagos atrasados y la falta de actualización de los honorarios; la falta de cobertura de las prestaciones y medicamentos, transporte y educación, quita de pensiones, entre otros. Todo ello conforma una situación crítica tanto para prestadores, profesionales, centros e institutos, familias y personas con discapacidad.
A raíz del recorte presupuestario implementado por el presidente Javier Milei, las personas con discapacidad ven cercenados sus derechos en virtud de los incumplimientos a la ley nacional 24901 que establece un sistema de prestaciones básicas para la rehabilitación integral y la ley 27044 que otorga jerarquía constitucional a la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Braida acompañó y adhirió al reclamo
La presencia y el mensaje de acompañamiento del obispo de La Rioja Dante Braida, fue recibido con mucho respeto y agradecimiento por parte de las familias y personas con discapacidad.
“Compartimos esta manifestación y como Iglesia emitimos un comunicado manifestándonos y alzando nuestra voz para que se puedan escuchar estos reclamos” y agregó que “la discapacidad, lo frágil y lo más débil pueda estar en el centro de nuestras preocupaciones y que pueda ser promovido y alentado con leyes y presupuestos acordes para solventar las necesidades que cada familia con personas con discapacidad atraviesan”.
Fuente: El Independiente