El personal de la delegación del PAMI en El Bolsón, provincia de Rio Negro, decidió no atender al público el miércoles 18 de junio como una muestra de apoyo a la marcha a Plaza de Mayo que se realizó ese mismo día en nombre de la expresidenta Cristina Kirchner, condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos.
Las autoridades locales realizaron la denuncia correspondiente y el departamento de legales del organismo, encabezado por Esteban Leguizamo, comenzó un expediente que podría implementar duras medidas contra cinco personas: un coordinador y cuatro empleados administrativos.
Una vecina, que prefirió mantener su anonimato, en una carta de lectores que envió al portal local Vivo Informado, contó la experiencia que le tocó vivir: “Mañana fría de junio en El Bolsón, salí temprano con mi madre de 88 años a realizar trámites en la delegación local de PAMI. Lo que encontramos fue desolador: puertas cerradas, vidrios cubiertos de carteles de paro, ni un mínimo de atención, ni una persona que nos reciba. Ni siquiera la puerta abierta. Solo un mensaje claro: hoy no hay nadie”.
Luego, haciendo referencia a la frase de la convocatoria usada en la protesta a favor de Cristina, remarcó: “‘En nombre de la defensa de la democracia’ —como rezan los carteles— se nos niega algo tan básico como el acceso a servicios esenciales. Y no hablamos de comodidad: hablamos de personas mayores, de familias vulnerables, de vecinos que organizan su día para resolver trámites impostergables”.
La primera auditoria interna realizada por las autoridades locales reveló que los trabajadores investigados se encontraban dentro de las oficinas ese 18 de junio, pero hicieron ningún trámite. Según una fuente oficial, “ocuparon el edificio, cerraron sus puertas y dejaron a la gente sin atender”. Desde PAMI central explicaron que las medidas que podrían tomar contra el personal involucrado en el hecho son básicamente tres: apercibimiento, suspensión o despido.
La diputada Lorena Villaverde, referente de La Libertad Avanza en Río Negro, expresó: “Ningún sector político puede hacer uso de las instituciones del Estado como trinchera ideológica y tener a los ciudadanos, en este caso a nuestros abuelos, como rehenes de su militancia. No solo es un acto de profunda irresponsabilidad sino también un desprecio absoluto por el deber que tienen con la comunidad”.
La investigación interna del PAMI que prometió “desarmar las mafias internas” y “acabar con los privilegios”
En mayo de este año, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) comunicó que había iniciado una investigación interna para definir si se habían desviado fondos públicos durante las gestiones anteriores.
“PAMI está llevando adelante una revisión profunda de los mecanismos de compra y provisión de insumos en sus delegaciones, con el objetivo de cortar de raíz las prácticas discrecionales y abusos heredados de gestiones anteriores”, comenzaba expresando el texto.
Para luego añadir que, durante años, se convirtió al PAMI en una “caja” para “hacer negocios y montar estructuras clientelares en cada rincón del país”. A continuación, indicaban que su intención era ponerle fin a esas “mafias internas” y acabar con los privilegios de las personas que durante años se aprovecharon del organismo.
“El objetivo es ordenar el Instituto, cuidar cada peso de los afiliados y garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan”, indicaron, para luego agregar: “PAMI no será más una caja negra al servicio de la política. Esta gestión vino a poner orden, transparencia y a defender los intereses de nuestros afiliados. El tiempo de la impunidad se terminó”.