La municipalidad de Capital nuevamente en el ojo de la tormenta con el conflicto de choferes de UBER y las quejas de los taxis y remises. Ahora parece que encontró una nueva forma de recaudar dinero, a costa de los choferes de la aplicación que necesitan trabajar.
Carina Luján, conductora de Uber, dialogó con La 4×4 Radio y expuso las dificultades que enfrentan quienes trabajan con apps de transporte en la provincia. Denunció exigencias burocráticas, pagos duplicados y falta de coordinación entre organismos, que complican la obtención del carnet profesional tipo D1. “Nos ponen trabas en todo, pagamos trámites caros y después no los reconocen”, lamentó.
“Nos está pasando a todos los choferes”, expresó Carina. “Nos pidieron miles de trámites que llevan mucho dinero, lo estamos haciendo como corresponde, sin cortar calles ni protestar, pero nos ponen trabas en todo”, afirmó. Entre los requisitos, mencionó que se les solicita el certificado de antecedentes penales en su versión profesional y una serie de estudios médicos que deben realizarse en clínicas privadas. “En Medifan nos cobran 110 mil pesos, el electrocardiograma sale 40 mil más”, detalló.
La mayor complicación, según explicó, se da al intentar realizar el trámite para obtener el carnet D1. “En el CePaR nos dicen que es todo virtual, pero cuando llamamos a Seguridad Vial nos dicen que sí o sí hay que hacer el curso que cuesta 400 mil pesos. Cuando aclaro que soy conductora de Uber y necesito el carnet para trabajar en la provincia, nos mandan al CePaR Norte, donde nos dicen ‘ustedes eligieron hacerlo por la vía privada’, cuando en realidad no nos dieron opción”, relató.
Además, denunció que los montos ya abonados no son reconocidos por el sistema público. “Nos dicen ‘todo lo que pagaste no vale, tenés que pagar todo de nuevo’. Parece que provincia y municipio son dos lugares distintos”, cuestionó.
La situación afecta a un gran número de trabajadores que vieron en Uber una salida laboral. “La sensación que nos queda es que Uber nos dio una oportunidad, nos insertó en el ámbito laboral, y ahora nos hacen sentir como si estuviéramos haciendo algo ilegal. El riojano nos elige”, remarcó.
Luján también criticó que las exigencias impuestas por ordenanza del Concejo Deliberante son de carácter local y no tienen validez en otras provincias. “Un carnet para salir de la provincia cuesta hasta 800 mil pesos. Y encima nos amenazan con multas si no lo tenemos”, advirtió.
Finalmente, denunció la falta de empatía por parte de los funcionarios: “En el Concejo nos dicen ‘son reglas del juego, den esa plata por perdida y empiecen de nuevo’. Estamos hablando de 300 mil pesos. Es como si nos dijeran ‘juguemos tonto al medio con los Uber’”.
El reclamo apunta a que se unifiquen criterios y se generen condiciones accesibles para que los trabajadores puedan regularizar su situación sin quedar atrapados en una maraña de trámites costosos y contradictorios.
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