[REDACCIÓN EL FEDERAL] En un hecho que generó sorpresa y polémica, el administrador de AJALaR, Ramón Vera, encabezó este lunes la presentación oficial en La Rioja de Betwarrior, una de las principales plataformas de apuestas deportivas y juegos de casino online del país. Vera no sólo ofició como anfitrión del acto, sino que destacó públicamente las supuestas virtudes de la empresa, lo que fue interpretado por muchos como una maniobra de publicidad encubierta inadecuada para un funcionario público.
El evento contó con la participación del gerente general de Betwarrior, José María Amondarain, quien remarcó que “la presencia de una plataforma legal en La Rioja permite avanzar en el combate contra el juego clandestino, que no tiene ningún tipo de control sobre el usuario y afecta a sectores vulnerables”. Vera, por su parte, celebró la llegada de la empresa, destacando que cuenta con licencia oficial y experiencia internacional.
Sin embargo, la función de AJALaR no es promocionar casas de apuestas, sino regular el juego en la provincia y velar por la protección de los ciudadanos, especialmente de los sectores más expuestos al flagelo de la ludopatía. Lo sucedido despierta interrogantes sobre los límites entre la regulación y el marketing corporativo, y si no existe un conflicto de intereses cuando un organismo público promueve abiertamente a una empresa privada del rubro del juego.
Una empresa bajo la lupa judicial
Lo más llamativo del apoyo institucional a Betwarrior es que la plataforma enfrenta una demanda colectiva presentada por la Unión de Consumidores Unidos (UCU), en la que se la acusa de implementar estrategias de captación “nocivas para la salud”, como los bonos de bienvenida para nuevos usuarios.
Según informó el año pasado Página/12, La demanda fue presentada ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Tributario N°25, a cargo de Carlos Tambussi, y sostiene que la empresa viola normas del Código Civil al ofrecer incentivos como: “Registrate y te damos 10 mil pesos para apostar. Además, te damos 150% de bono en tu primer depósito”.
Según el planteo judicial, esta estrategia alienta la ludopatía, sobre todo en jóvenes, y podría encuadrarse como publicidad ilícita. Se solicita incluso una campaña correctiva masiva, financiada por la propia empresa, para alertar sobre los riesgos del juego compulsivo.
Dudas sobre la seguridad y eficacia del sistema
Durante la presentación en La Rioja, los representantes de Betwarrior aseguraron que su sistema cuenta con controles estrictos para evitar el acceso de menores de edad y jugadores autoexcluidos. Mencionaron una validación conjunta con RENAPER, herramientas de juego responsable, y filtros de tiempo y gasto.
Pero la realidad, según dos ludópatas consultados por EL FEDERAL ONLINE, dista de ser tan sólida como el discurso oficial.
- Es relativamente fácil para menores acceder a las plataformas con documentos ajenos o identidades falsas compradas.
- Los mecanismos de autoexclusión son débiles y fácilmente eludibles al crear nuevas cuentas.
- Los límites de juego son opcionales, y las plataformas tienden a facilitar más el aumento de apuestas que la reducción.
- Los algoritmos de detección de juego problemático son ineficientes y, en muchos casos, se usan más para maximizar ingresos que para proteger a los usuarios.
- La publicidad agresiva es omnipresente, incluso en redes sociales, dificultando su control y exponiendo a audiencias vulnerables.
Además, la propia experiencia de los usuarios revela problemas operativos: los bonos tienen condiciones difíciles de cumplir (rollover alto y plazos breves), los retiros son limitados y la aplicación móvil presenta fallas frecuentes.
Los antecedentes de AJALaR y el fantasma de Lisandro Borges
Esta no es la primera vez que AJALaR queda en el ojo de la tormenta por su vínculo con empresas del juego. En el pasado, el organismo se autorizó el lanzamiento de Prode24, representada por el polémico empresario Lisandro Borges. En su momento, hubo una conferencia de prensa con autoridades de la lotería provincial celebrando el acuerdo.
Borges no es un nombre cualquiera: fue uno de los organizadores del frustrado “Partido por la Paz” en Roma, suspendido por el propio Papa Francisco, disgustado con la utilización comercial del evento y el despilfarro de dinero. Ese antecedente fue un escándalo internacional que salpicó a todos los involucrados, incluido Borges.
¿Quién cuida a quién?
Que un funcionario público como Ramón Vera, titular de la entidad que debería controlar la actividad del juego, ofrezca declaraciones públicas elogiando a una empresa privada denunciada penalmente, plantea serios interrogantes éticos e institucionales.
¿Está AJALaR al servicio de la regulación o del marketing? ¿Quién protege realmente a los jugadores, especialmente a los más jóvenes? ¿Cuánto pesa la salud pública frente a los intereses económicos de una industria multimillonaria?