El Gobierno de la Provincia de La Rioja y el Municipio de la Capital firmaron un Convenio de Cooperación Interjurisdiccional para la Fiscalización, Control y Prevención de Infracciones Viales, con el objetivo de adoptar medidas que permitan bajar la siniestralidad vial.
El gobernador Ricardo Quintela encabezó el acto junto al intendente Armando Molina, y facultó a la Policía Provincial —a través del Ministerio de Seguridad— a labrar actas y retener vehículos por infracciones que, hasta ahora, eran competencia exclusiva del municipio dentro del ejido capitalino. Esto incluye conductas como circular sin licencia o con ella vencida, no usar casco o cinturón, circular en contramano o con maniobras peligrosas, exceso de ocupantes, menores sin dispositivos de seguridad, no respetar semáforos o señalización, uso de celular o auriculares, desacato, agresiones y tentativa de fuga, entre otras.
Las actas labradas por la Policía en el marco de este convenio serán remitidas a la Justicia de Faltas Municipal, que conservará la competencia para su juzgamiento. Se implementará un sistema unificado de actas y una base de datos conjunta, con trazabilidad, control cruzado y coparticipación del 50% de lo recaudado por estas infracciones entre Provincia y Municipio. Los fondos se destinarán a programas de prevención, educación vial, capacitación de personal, equipamiento tecnológico y campañas de concientización.
Al respecto, el gobernador Quintela destacó que “es un tema importante y trascendente que la Provincia sea una de las más seguras, y también debe serlo en materia de seguridad vial”, en tanto que señaló que “los operativos tradicionales que realiza la Municipalidad serán complementados con funciones policiales”.
“Queremos ser también la provincia más segura de todo el país en materia de seguridad vial”, afirmó, y agradeció la presencia de las fuerzas de seguridad, al tiempo que pidió a la población “que respeten las normas de tránsito”.
Según el gobierno, los principios que guían esta iniciativa son la protección de la vida y la integridad física; el debido proceso; la prevención situacional; la cooperación y concurrencia entre organismos; la eficiencia administrativa; la legalidad; la transparencia y participación ciudadana; y el carácter no recaudatorio de las políticas de fiscalización y control.
Fuente: Rioja Virtual