El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, imputó este jueves al presidente Javier Milei, a la diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine y otros referentes oficialistas -desde funcionarios a tuiteros- en el marco de la causa que enfrenta a la periodista Julia Mengolini con el jefe de Estado.
El expediente —caratulado “Milei, Javier y otros s/ amenazas, intimidación pública, malversación de caudales públicos, apología del crimen y asociación ilícita”— investiga una serie de amenazas y hostigamientos contra la comunicadora, que ella atribuye a una campaña de odio impulsada desde las más altas esferas del Gobierno.
Entre los acusados figuran además el cineasta Santiago Oría; el militante libertario Daniel Parisini -conocido como “El Gordo Dan”- y el abogado, también militante, Alejandro Sarubbi Benítez, junto otros individuos no identificados. La causa tramita en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Isidro N° 2, a cargo del juez Lino Mirabelli.
En su dictamen, Domínguez solicitó además una batería de medidas de prueba para identificar y localizar a los responsables de las amenazas de muerte contra Mengolini y su familia. Ante la gravedad de los hechos, el magistrado dispuso medidas de protección como custodia policial.
El fiscal también pidió investigar la posible existencia de una organización financiada con fondos públicos y coordinada por funcionarios de alto rango, destinada a hostigar y silenciar a críticos del gobierno.
Solicitó asimismo a algunas redes sociales datos sobre el origen y la circulación de publicaciones amenazantes, así como sobre la difusión de información falsa y la identidad de quienes las propagaron. El juez Mirabelli convalidó el planteo del Ministerio Público Fiscal, ordenó las medidas urgentes y delegó la investigación en Domínguez.
A raíz de la novedad, el dirigente social y abogado querellante Juan Grabois escribió en X: “Milei, Lemoine, funcionarios y tuiteros libertarios imputados. La justicia investiga la utilización de fondos públicos para financiar una red de terrorismo psicológico paraestatal y avanzó en pruebas cruciales para identificar a los autores de las amenazas contra Julia Mengolini. Algún límite tienen que tener. El que las hace, las paga”.
En su dictamen, Domínguez solicitó además una batería de medidas de prueba para identificar y localizar a los responsables de las amenazas de muerte contra Mengolini y su familia. Ante la gravedad de los hechos, el magistrado dispuso medidas de protección como custodia policial.
El fiscal también pidió investigar la posible existencia de una organización financiada con fondos públicos y coordinada por funcionarios de alto rango, destinada a hostigar y silenciar a críticos del gobierno.
Solicitó asimismo a algunas redes sociales datos sobre el origen y la circulación de publicaciones amenazantes, así como sobre la difusión de información falsa y la identidad de quienes las propagaron. El juez Mirabelli convalidó el planteo del Ministerio Público Fiscal, ordenó las medidas urgentes y delegó la investigación en Domínguez.
A raíz de la novedad, el dirigente social y abogado querellante Juan Grabois escribió en X: “Milei, Lemoine, funcionarios y tuiteros libertarios imputados. La justicia investiga la utilización de fondos públicos para financiar una red de terrorismo psicológico paraestatal y avanzó en pruebas cruciales para identificar a los autores de las amenazas contra Julia Mengolini. Algún límite tienen que tener. El que las hace, las paga”.