El caso de “Josho” Portugal en La Rioja abrió muchos interrogantes en la sociedad, dividida por opiniones en contra y a favor, tras estar perdido por 13 días y con un gran operativo de rescate de varias fuerzas, que involucró a unas 200 personas, drones, helicóptero y costos de logística que según estimaciones rondaría los $285 millones de pesos.
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Alguna de las respuestas para evitar estos hechos, sería implementar por parte del Estado provincial o el Ministerio de Seguridad controles a los senderistas, declaración de sus actividades con el registro de lugares a visitar.
En Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo presentó un proyecto de Ley que faculta al Ministerio de Seguridad a fijar un canon que deberán pagar las personas rescatadas.
El Gobierno de Mendoza establecerá un marco legal para avanzar con el cobro de los operativos de rescate que se realicen en precordillera y Alta Montaña o que cuenten con la intervención de cuerpos especiales de seguridad. Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia explicaron que no se cobrará el costo real del operativo, ya que se tratan de valores muy altos y difíciles de calcular, pero que se fijará un canon en base a ciertos criterios. Las personas beneficiadas por estos procedimientos deberán pagar un monto que tendrá en cuenta los riesgos asumidos, la cantidad de patrullas afectadas y la utilización o no de los helicópteros de la Policía.
Sin embargo, esto no implica que se cobrará a todas las personas que sean rescatadas por estos operativos. Cada caso particular será analizado y está previsto fijar una serie de criterios para determinar el valor que se cobrará a los involucrados.
Se tendrá en cuenta los riesgos asumidos, el cumplimiento de los protocolos, usos y costumbres, el uso de dispositivos de geolocalización y/o georreferenciación, dispositivos que permitan el rastreo satelital y normas legales y la negligencia en su caso.
El monto del canon por el operativo será determinado por la Ley lmpositiva cada año y tendrá en cuenta, cantidad de patrullas desplegadas, extensión del operativo, si hubo intervención del Cuerpo de Aviación Policial (CAP), la División Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), helicópteros o drones.
En tanto, los fondos recaudados serán afectados al Ministerio de Seguridad y Justicia y al menos la mitad de la recaudación anual deberá destinarse directamente a las patrullas de rescate.