[REDACCIÓN EL FEDERAL] Laura Campos, candidata a diputada provincial de La Libertad Avanza en Castro Barros, se amparó en la ley de violencia de género para lograr que la justicia de La Rioja censure al vecino Mario Palacios, quien la había denunciado en la justicia por estafa y realizó algunos posteos contando los detalles de su acusación.
En el fallo inconstitucional y antidemocrático dictado por la jueza Sandra Molina, que fue compartido y celebrado por la propia Campos en su página de Facebook, se prohíbe que Palacios se acerque a la candidata y se comunique con ella, ordena el “cese la violencia mediática”. Incluso lo llamo a eliminar las publicaciones en redes sociales “que atenten contra Laura Campos”.
Asimismo, la resolución advierte que en caso de incumplimiento de estas disposiciones, Palacios podría enfrentar la inmediata detención, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nacional 26.485 y la Ley Provincial 8.561 de Protección Integral a las Mujeres. Lo amenaza con arrestarlo si opina públicamente de un candidato. Es un fallo casi dictatorial.
Naturalmente, la generalidad de las expresiones de la jueza atentan contra la libertad de expresión y la democracia, dado que Campos es candidata. No solo ataca la libertad del denunciante, sino de toda la comunidad, que tiene derecho a conocer los detalles de las denuncias contra los candidatos.
Esto, sin duda, generará miedo y autocensura en los vecinos, que dudarán si opinar sobre la candidata. Es un fallo contra la libertad.
En la denuncia original, que cursa en el expediente Nº 22.212, del Juzgado de Instrucción de la Cuarta Circunscripción Judicial, a Campos, que figura sin impuestos activos en AFIP, la acusan de haber cometido una estafa al constituir el restaurante Bendito Pueblo, en la costa riojana, con materiales que habría aportado el denunciante.
Campos hizo un descargo en redes, en el que aseguró que devolvió todo y que lo recibió el padre del denunciante, y publicó una constancia policial para intentar acreditarlo.
Como sea, al margen de la veracidad de la denuncia penal contra Campos y su contradenuncia, la justicia debe garantizar la libertad de expresión.
MIRÁ EL FALLO:
