El secretario de Justicia de La Rioja, Lucas Casas, advirtió sobre la grave situación que atraviesa el sistema penitenciario provincial y confirmó que se evalúa el traslado de internos a penales de otras provincias por motivos de seguridad.
En declaraciones a La Red, Casas reconoció que el principal problema es la superpoblación carcelaria: “Contamos con aproximadamente 570 internos en un edificio que fue diseñado hace casi 50 años para 70 personas. Con el tiempo se hicieron ampliaciones, pero resultan insuficientes. Hoy hay celdas para dos personas donde viven cuatro, y en algunos casos, hasta ocho o diez”, explicó.
Esta situación genera roces permanentes entre los internos, con episodios de violencia que se agudizan por el hacinamiento. “No se trata de conflictos con el personal penitenciario, sino de problemas de convivencia entre los propios presos. Es un desafío trabajar las 24 horas para mantener el orden y garantizar las condiciones mínimas que exige la ley”, remarcó el funcionario.
Casas también subrayó que, aunque los delitos federales son competencia del ámbito nacional, La Rioja no cuenta con una cárcel federal, lo que obliga a alojar a personas procesadas por esos delitos en el penal provincial. “El gobierno nacional fue claro: no hay fondos. Nos escucharon, pero nos dijeron que hagamos lo que podamos con nuestros propios recursos”, señaló, aclarando que el servicio penitenciario se sostiene con el mismo presupuesto desde hace tres años.
Frente a este panorama, el secretario confirmó que se está trabajando en la posibilidad de trasladar a los internos de mayor peligrosidad a otras cárceles del país. “Cuando siempre son los mismos internos los que generan conflictos, tenemos que intervenir como institución. Estamos en conversaciones con autoridades penitenciarias de otras provincias para hacer permutas y descomprimir la situación”, indicó.
Finalmente, Casas resaltó que, a pesar de las dificultades, el objetivo sigue siendo cumplir con la ley y promover la reinserción social de los presos. “Queremos que cumplan su condena en condiciones seguras y que puedan reinsertarse en la sociedad, pero para eso necesitamos inversión y un compromiso real con el sistema penitenciario”, concluyó.