Alfredo García Garro Del Moral, abogado querellante particular de la familia de Gustavo Collante en Chamical, dialogó sobre la anulación del agravante de alcoholemia de la causa que se investiga en contra del acusado, Guillermo Chumbita quien conducía un auto con el que embistió a la víctima.
“Ayer nos llegó la nulidad de la prueba de la extracción de sangre al homicida. Se nos sacó a la querella una prueba fundamental y es dable destacar que la responsabilidad de la nulidad, no es la querella ni fiscalía ni defensa, sino la actuación que se hizo en el hecho”, relató el letrado.
Es que apenas ocurrió el hecho, la Policía actúa de prevención, llega al lugar, preserva el hecho como establece el Código Procesal Penal, porque la Policía es auxiliar. “La policía da comunicación al juez interviniente, y es el juez quien debe llevar adelante el sumario judicial, la causa del hecho de muerte. Se hizo un control de alcoholemia, preventivo, como rige la Ley de Tránsito”, dijo.
“En la actuación se responsabiliza a la policía y saca algo de juego, que es el juez debe estar presente en el hecho para evitar toda nulidad que se pueda cometer”, señaló.
Garro Del Moral adelantó que presentarán una apelación, y si se confirma la nulidad, tendrán que ver qué responsabilidad existe. “La familia está devastada, angustiada, e imaginénse que no se puede investigar qué graduación alcohólica tenía el homicida”, dijo.
El 11 de noviembre de 2023, en Chamical, Gustavo Collante, de 32 años, perdió la vida tras ser embestido por un automóvil conducido por Guillermo Chumbita, quien manejaba en estado de ebriedad. La colisión frontal ocurrió en la calle San Nicolás, y un test de alcoholemia en el lugar confirmó el consumo de alcohol por parte de Chumbita, que en el momento del atropello, se dió a la fuga.
Laura Collante, hermana de Gustavo mostró su indiganción por la resolución de la jueza Adriana Loureiro que lo deja a un paso de quedar en libertad. La familia ha denunciado que Chumbita tiene la ayuda personas políticas de Chamical.
Anteriormente, la familia había denunciado el retardo de la jueza en las actuaciones del caso, dándole además el beneficio de prisión domiciliaria.
