*Por Angel Flores
El ex intendente de la Capital riojana y ex secretario General de la Gobernación, Alberto Paredes Urquiza, confirmó que apeló su procesamiento en la causa que investiga el trágico accidente aéreo ocurrido en marzo de 2015 en Villa Castelli, donde murieron 10 personas. Lo hizo en declaraciones al medio Rioja Virtual, donde calificó la resolución judicial como una “patraña” con fines de “persecución política”.
Respecto al convenio que autorizó el uso del helicóptero, Paredes Urquiza afirmó que no fue celebrado bajo su área: “Era un convenio entre la Secretaría de Turismo y la productora. Esa secretaría no dependía de mí, sino directamente de la Gobernación“, en clara alusión al gobernador en ese tiempo, Beder Herrera.
“La única persona que decidía sobre el movimiento del helicóptero en la provincia era el gobernador” dijo en la entrevista
El juez Federal Daniel Piedrabuena realizó declaraciones en radio Fénix sobre el tema. Al ser consultado sobre el procesamiento de Paredes Urquiza, dijo que: “La persona quedó procesada porque hay elementos de convicción suficientes para considerar que es responsable de una situación”, explicó el magistrado.
Le preguntaron al juez ¿por qué no se procesó a otras personas vinculadas a la causa?, respondiendo: “Es porque no hemos encontrado elementos o pruebas en este eje de responsabilidades y, por lo tanto, puede ser que surja una falta de mérito, que no significa que ha terminado ni tampoco que es responsable, sino que se debe seguir investigando esa situación”.
El dictamen de la fiscal Federal, Virginia Miguel Carmona, fue firmado el 10 de abril de 2024, -según consta en el expediente que accedió EL FEDERAL-, y da por probada que la orden de prestar el helicóptero sanitario de la provincia la dio el ex intendente Alberto Paredes Urquiza, pero aquí viene lo más insólito: la fiscal declaró que “no busco avanzar sobre el posible negociado que había con la nave”.
En esa fecha, además de Paredes Urquiza, la fiscal solicitó que se procese al actual director de Aeronáutica, Daniel Gorkich, el ex secretario de Turismo, Álvaro del Pino, a los productores Gustavo Gordonas y su pareja Carola Iujvidin, y al entonces dueño de la empresa de turismo Praia Rosa, Mariano Platero, ahí cortó la cadena de responsabilidades.
Por otra parte, la fiscal pidió que “se reiteren los pedidos de detención internacional (Interpol) respecto del imputado Ulf Peter Högberg” (foto). Se trata de un ciudadano sueco que una investigación de EL FEDERAL ONLINE reveló que estuvo a cargo de la planificación del vuelo que terminó con un choque en el aire de los aviones sanitarios de La Rioja y Santiago del Estero.
La captura de Högberg había sido solicitada en marzo de 2020, pero nunca avanzó. EL FEDERAL ONLINE advirtió en varios artículos que su nombre nunca fue incorporado a la lista de personas buscadas por Interpol. En estos años no hubo ninguna medida para buscarlo.
Otro tema que EL FEDERAL ONLINE venía advirtiendo es que todavía no se peritó la firma de Álvaro del Pino, que aparece en el convenio de cesión del helicóptero de La Rioja a la productora ALP.
En su indagatoria de noviembre de 2017, Del Pino negó que la firma que aparecía en el expediente, que llamativamente había sido tachada, sea la suya. Desde entonces, la fiscal nunca pidió que la rúbrica sea sometida a una pericia caligráfica. Lo hizo después.
La fiscal identificó a tres funcionarios como “las personas sobre quienes recaía el manejo, control y administración de las aeronaves de propiedad de las provincias de La Rioja y Santiago del Estero, Hugo Daniel Gorkich, en su carácter de titular de la Dirección Provincial de Aeronáutica de la provincia de La Rioja; Alberto Paredes Urquiza, Secretario General y Legal de la Gobernación de la provincia de La Rioja, y Álvaro del Pino titular de la Secretaría de Turismo de la provincia.
Pero misteriosamente no avanzó en investigar al entonces gobernador Beder Herrera, a pesar de las declaraciones de Paredes Urquiza: “La única persona que decidía sobre el movimiento del helicóptero en la provincia era el gobernador”.
La investigación “selectiva” de la fiscal y las resoluciones del juez Piedrabuena, evidencian un claro direccionamiento de la causa en no tocar al ex gobernador, uno de los políticos con más influecia en la justicia riojana hasta la fecha.