El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja dispuso el 9 de septiembre de 2025, mediante los Acuerdos N° 97 y 99, remitir al Consejo de la Magistratura las actuaciones vinculadas a la jueza Adriana Beatriz Loureiro, titular del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial (Chamical), por presunto incumplimiento de funciones jurisdiccionales en causas de su competencia.
Según el comunicado oficial, el máximo tribunal observó demoras significativas en dos expedientes –uno por tentativa de homicidio y otro por abuso sexual– que habrían excedido los plazos razonables y afectado la debida administración de justicia.
Además, el Consejo de la Magistratura recibió una denuncia formal presentada por Mirta Argentina Collante, presidenta de la Asociación Civil Madres del Dolor de La Rioja, quien acusa a la magistrada de mal desempeño, demoras injustificadas y desconocimiento manifiesto del derecho penal y procesal penal. En la presentación se solicitó la apertura del procedimiento de remoción, la formulación de acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento y su suspensión preventiva.
“Me encontré con un juzgado totalmente en llamas”
Tras conocerse la decisión del Tribunal Superior, la jueza Loureiro rompió el silencio y brindó una entrevista al periodista Enrique Nicolini, en la que explicó el contexto de los retrasos y el funcionamiento interno del Juzgado a su cargo.
Aseguró que al asumir el cargo se encontró con un volumen inabarcable de causas pendientes, algunas iniciadas hace más de dos décadas. “Mi idea era poder resolver y solucionar, pero me encontré con un juzgado totalmente en llamas. Había causas desde el año 2000, 2005, incluso algunas de los 80 y 90 que nunca se resolvieron”, señaló.
Loureiro indicó que durante varios años trabajó prácticamente sola, debido a licencias prolongadas y bajas en el personal. “Pedí refuerzos en reiteradas oportunidades y recién en 2018 y 2019 se incorporó nuevo personal”, detalló.
Según explicó, las demoras no obedecen a desinterés, sino a factores administrativos y procesales. Indicó que muchos expedientes sufren retrasos por apelaciones, recusaciones e incidentes, y por la cantidad de causas en trámite, lo que hace imposible cumplir los plazos fijados por el Código Procesal Penal con el personal disponible.
“Ocho años de silencio me afectaron emocionalmente”
La jueza también habló de su situación personal y emocional. Reconoció que el peso de los cuestionamientos la afectó: “Tuve ocho años receptando todo esto en silencio. No soy mediática, pero decidí hablar porque me afectó emocionalmente. Estuve un año con licencia y las causas no se movieron”, dijo.
Señaló que el equipo que la acompaña es “excelente”, pero insuficiente para la carga de trabajo existente: “Hubo momentos en que tuve sólo dos o tres empleados y varios con licencia médica. Aún así, siempre se trabajó”, manifestó.
“No tengo relación con el poder político”
Consultada sobre versiones que la vinculan con dirigentes políticos, Loureiro fue tajante al negar cualquier tipo de relación política. “No tengo contacto con el diputado Chumbita ni con la intendenta Rodríguez. A él no lo conozco y con ella hablé una sola vez durante la pandemia, por cuestiones institucionales”, afirmó.
Respecto de las manifestaciones que se realizaron frente al Juzgado, consideró que “toda persona tiene derecho a expresarse, pero no a insultar”. Y agregó: “Detrás de la jueza hay una persona, una madre, una mujer que trabaja y que también merece respeto”.
“No soy corrupta ni coimera”
En el tramo final de la entrevista, la magistrada defendió su integridad profesional y su independencia. “Soy sincera, transparente y honesta. No soy corrupta ni coimera. Vivo de mi sueldo. No me jubilo todavía porque no tengo el capital suficiente para sostenerme, pero cuando cumpla los años que corresponden, me jubilaré”, expresó. Loureiro concluyó que su función es “ser imparcial y objetiva”, y reafirmó su compromiso con el ejercicio de la justicia. “Comprendo el dolor de las víctimas, pero no puedo involucrarme emocionalmente. Investigo si el hecho existió y si el imputado lo cometió. Mi deber es hacer justicia con las pruebas que tengo en el expediente”, subrayó.
Causas en revisión
Consultada sobre expedientes de alto perfil, Loureiro se refirió a la causa en la que es investigado Sergio Pedro Moreno, iniciada en 2019, como presunto autor del delito de “homicidio en grado de tentativa” en contexto de violencia de genero. La víctima, denunció, ante EL INDEPENDIENTE, que el caso está paralizado hace seis años. Precisamente, esta causa será analizada por parte del Consejo de la Magistratura. En este sentido, la magistrada dijo que, respecto a ese expediente, “durante la pandemia se paralizó todo. Cuando se reactivó, la víctima dijo que estaba tranquila. Después hubo una nueva denuncia y se volvió a investigar. Se hicieron cámaras Gesell a los hijos, donde dijeron que estaban bien con el padre. Yo tengo que analizar lo que dice cada parte y lo que surge del expediente”, explicó.
Sobre el expediente que tiene como imputado al policía Cristian Vera, acusado de agredir físicamente a Laura Torres, Loureiro sostuvo que el imputado “está detenido porque el delito que se le imputa tiene una pena máxima de quince años. La querella pidió cambiar la imputación a tentativa de femicidio, pero primero debo tomar declaración a los testigos y escuchar al fiscal, que es el promotor de la acción penal”.
¿Quién causó el homicidio de Juin?
El homicidio de Ricardo Juin, ocurrido en junio de 2020 en Chamical, continúa sin resolución judicial definitiva. En la causa estuvieron detenidos Jonathan “Bebo” Díaz y Matías Carranza, quienes recuperaron la libertad en noviembre de 2021, luego de que se les dictara falta de mérito. Desde entonces, el expediente no tiene personas privadas de libertad.
La jueza Adriana Beatriz Loureiro, explicó que en un primer momento había procesado a Díaz tomando en cuenta dos pruebas: la constancia de que fue el último en subir a la camioneta de la víctima y el testimonio de Nair Correa, quien relató que el hermano de Díaz lo dejó en su casa y que le dijo que había matado a la víctima. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones revocó esa resolución por considerar insuficientes las pruebas.
La magistrada sostuvo que, tras esa decisión, quedó “atada de pies y manos”, ya que la Cámara le ordenó dictar la falta de mérito para los dos imputados, lo que derivó en su inmediata libertad.
Posteriormente, Loureiro dispuso en junio de 2022 una extracción compulsiva de ADN a Díaz para comparar una colilla de cigarrillo hallada en el lugar del homicidio, prueba que ya se había cotejado con el otro imputado y con la víctima, con resultado negativo. La defensa apeló la medida, la Cámara rechazó la apelación, y luego el expediente fue elevado al Superior Tribunal de Justicia, donde permaneció hasta agosto de 2024, cuando regresó al Juzgado (dos años en apelación).
Al reincorporarse de una licencia en abril de 2025, Loureiro reactivó la investigación y solicitó fecha para realizar la pericia, fijada para el 27 de mayo (de 2025). En ese contexto, la defensa de Díaz pidió el sobreseimiento obligatorio, alegando que había transcurrido más de un año desde la falta de mérito. La jueza rechazó el planteo por considerar que aún faltaba realizar una prueba fundamental: el cotejo genético de la colilla.
La magistrada subrayó que esa pericia constituye el último eslabón de la causa, y advirtió que si no se concreta, el expediente podría cerrarse sin responsables. La muestra fue enviada a un laboratorio de la provincia de Jujuy. El pedido de sobreseimiento a favor de Díaz debe ser resuelto por el Superior Tribunal de Justicia. A la espera de esos trámites hay una pregunta que no tiene respuesta: ¿Quién mató a Juin?.
Fuente: El Independiente