*Por Angel Flores
La reciente difusión de una nota oficial firmada por el Ministro de Producción y Ambiente del Gobierno de La Rioja, Ernesto Salvador Pérez, antes de las elecciones legislativas, ha encendido una alarma en toda la provincia de la Rioja. En la carta emitida con membrete oficial y fechada el 16 de octubre de 2025; se solicita a “referentes o dirigentes” el envío de los datos de familiares y amigos de empleados públicos “que acompañarán nuestra propuesta y asistirán efectivamente a votar”.
El texto, que menciona incluso un supuesto “Sistema de Voto Seguro”, fue considerado por juristas y analistas políticos como un grave intento de manipulación del voto y de utilización del aparato estatal provincial con fines partidarios.
La denuncia, llevada a los medios nacionales por el periodista y abogado Eduardo Feinmann, ya fue asumida por el Juez Federal Herrera Piedrabuena y la Fiscal Federal Virginia Carmona quienes iniciaron actuaciones preliminares en medio de un proceso penal electoral.
Un sistema procesal penal mixto: responsabilidad directa del juez Federal
En la provincia de La Rioja, rige un sistema procesal penal mixto (Ley 23.984) donde el juez y la fiscal federal tienen la obligación de asegurar la urgencia, eficacia y objetividad de las medidas de prueba que son visibles, notorias y violatorias de los derechos humanos. Sin embargo, el pueblo y los partidos políticos descreen de la justicia Federal riojana y conoce sus vínculos con el poder.
Un acto que vulnera derechos constitucionales
La nota firmada por el ministro Pérez -quien además es sobrino político del Gobernador y esposo de la Dra. Karina Becerra, actual jueza del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de la Rioja es vista como una muestra del deterioro institucional y la concentración de poder en manos de un círculo político-familiar.
Especialistas consultados sostienen que el documento podría constituir los delitos de: Abuso de autoridad (art. 248 del Código Penal); Coacción electoral y violación del secreto del voto (arts. 131, 133, 139 inc. b) y 140 del Código Electoral Nacional); y Uso indebido de datos personales (Ley 25.326). Además, contraviene de forma directa los principios de neutralidad e imparcialidad de la administración pública durante los procesos electorales.
El deber de la Justicia: restituir la credibilidad pública
El clima social en La Rioja es de desconfianza y agotamiento. Diversos sectores de la administración pública han manifestado sentirse sometidos a mecanismos de control político, amenazas laborales y presiones ideológicas, en un contexto donde la línea entre lo institucional y lo partidario parece haberse desdibujado.
Frente a esto, la intervención de la Justicia Federal es crucial no solo para sancionar el hecho y sus autores, sino también para reconstruir la credibilidad. El pueblo riojano espera respuestas concretas y no discursos o excusas.
La noticia en los medios nacionales
Los medios nacionales se han hecho eco de este atropello a la libertad de la persona y la dirigencia nacional coincide en que “ningún ciudadano debe sentirse presionado o condicionado para votar”, y que la justicia federal riojana debe actuar con independencia del poder político local.
Así están apretando en La Rioja los funcionarios de @QuintelaRicardo a los empleados y precarizados. Este ministro es pariente de Quintela . CROTOLANDIA – QUINTELANDIA pic.twitter.com/8sc5Gwvt3M
— JULIO MARTINEZ (@JulioMartinezLR) October 20, 2025
El alto tribunal Argentino observa con cuidado que el Juzgado y la Fiscalía Federal, en cumplimiento de sus deberes legales, hayan dispuesto la adopción de medidas de investigación que contengan:
1) El requerimiento formal de la nota original y los registros electrónicos del Ministerio de Producción
2) La identificación del sistema denominado “Voto Seguro”
3) La declaración testimonial de empleados públicos receptores del documento
4) La preservación de pruebas informáticas para evitar su alteración o eliminación.
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Una oportunidad para recuperar la confianza
“El pueblo riojano merece saber que su justicia federal está del lado de la Constitución, y no del poder de turno”, señaló un reconocido jurista nacional. Si la justicia actúa con la celeridad y la firmeza que la ley exige, este episodio puede ser el inicio del fin del control, el apriete y el sometimiento de un pueblo.
En síntesis: El hecho es de notoriedad pública nacional y la investigación está en marcha. El pueblo espera que esta vez la ley se imponga sobre la impunidad, la extorsión y el autoritarismo. La justicia tiene la palabra: ¿Silencio, connivencia o justicia?.