*Por Angel Flores
La Rioja, 17 de noviembre de 2025 — Un viejo expediente de corrupción vuelve a encender las alarmas en la provincia. La fiscal federal María Virginia Miguel Carmona ha reactivado la investigación por el desvío de más de 800 millones de pesos destinados a viviendas sociales, una causa que había estado paralizada casi una década. Ahora, la posibilidad de condenas penales severas ronda a varios políticos y empresarios riojanos, según fuentes judiciales.
El expediente investigado por Carmona involucra a 228 personas físicas y cerca de 30 organizaciones —entre fundaciones, asociaciones civiles y empresas—. Esa estructura fue usada para triangular fondos públicos, según la fiscalía, mediante transferencias desde el Banco Nación y el Banco Rioja hacia entidades sin fines de lucro, muchas de ellas con poca o nula actividad real, pero vinculadas a dirigentes políticos riojanos.
La investigación traza una línea de mando con conocimiento de los actos. En este caso, el ex gobernador Luis Beder Herrera es el principal sospechoso, y el próximo imputado, según fuentes judiciales
Además, emerge un conflicto institucional explosivo: el secretario penal del juzgado federal de La Rioja, José Combina, es cuñado del empresario Néstor Bosetti, una de las figuras centrales en la causa. Esa relación no fue informada en su momento a la Cámara de Apelaciones ni al Consejo de la Magistratura, lo que plantea serios cuestionamientos sobre imparcialidad y conflictos de interés.
¿Qué penas pueden enfrentar los acusados?
La fiscalía no actúa al voleo: los delitos bajo investigación tienen sanciones importantes según el Código Penal argentino. A continuación, un desglose de los más relevantes:
- Fraude en perjuicio de la administración pública (artículo 174, inc. 5)
- Quien comete este delito puede recibir prisión de 2 a 6 años.
- Además, si el autor es funcionario o empleado público, la ley prevé una inhabilitación especial perpetua.
- Este delito es particularmente grave cuando se trata de fondos públicos, ya que ataca directamente el patrimonio del Estado.
- Lavado de activos de origen ilícito (artículo 303)
- Está penado con prisión de 3 a 10 años.
- Además, se aplica una multa de 2 a 10 veces el monto de la operación involucrada en la maniobra ilícita.
- La pena puede agravarse en ciertos casos: por ejemplo, si el autor es un funcionario público, la sanción se eleva (la ley aumenta en “un tercio del máximo y en la mitad del mínimo”).
- Responsabilidad penal de personas jurídicas (artículo 304)
- Si las fundaciones, empresas o asociaciones están implicadas, también pueden ser sancionadas penalmente.
- Las penas para las personas jurídicas incluyen: multa de 2 a 10 veces el valor de los bienes objeto del delito; suspensión de actividades por hasta 10 años; prohibición para participar en licitaciones estatales; incluso, la cancelación de la personería jurídica si la entidad fue creada para delinquir, entre otras medidas.
Potencial impacto para los políticos y empresarios riojanos
- Para los políticos y funcionarios públicos: si son condenados por fraude (art. 174) podrían enfrentar años de prisión y quedar inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos, lo que para dirigentes de alto perfil significa un golpe institucional y personal muy fuerte.
- Para los empresarios vinculados a las ONG y fundaciones: el lavado de activos podría derivar en penas largas, multas multimillonarias y el riesgo de disolución o suspensión de las entidades investigadas.
- Para las organizaciones jurídicas (fundaciones, empresas): se corre el riesgo de sanciones graves, incluso la desaparición legal de algunas entidades si fueron creadas con el propósito de recibir o lavar fondos ilícitos.
Además, ya se ha informado que la fiscal Carmona cuenta con apoyo institucional de organismos clave como la UIF (Unidad de Información Financiera), la Oficina Anticorrupción y la PROCELAC, lo que podría potenciar fuertemente la investigación.
La reactivación de esta causa no sólo implica consecuencias penales para los involucrados, sino también un fuerte sacudón institucional. El hecho de que un secretario judicial tenga un vínculo familiar directo con un empresario investigado plantea una grieta de credibilidad en el sistema judicial. Por otra parte, la persecución legal de figuras políticas históricas —como exgobernadores o funcionarios de peso— podría derivar en una crisis de legitimidad para sectores del poder riojano.
¿Qué sigue?
Según fuentes judiciales, la fiscalía ya ha empezado a reconstruir los circuitos financieros: analiza órdenes de pago, convenios, rendiciones, y rastrea el destino final de los fondos. Si la Justicia avanza con la solidez que promete Carmona, no sería descabellado pensar en condenas firmes, decomisos de bienes y sanciones ejemplares.
Este caso podría convertirse en uno de los más resonantes de La Rioja y, potencialmente, en un símbolo nacional de la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero. La pregunta que muchos se hacen ahora es: ¿llegará a juicio con todos los imputados? ¿Y cuántos de ellos terminarán tras las rejas?