Por Angel Flores
En una conferencia convocada para aclarar versiones sobre la causa de las ONG, el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena salió a explicar públicamente el estado del expediente que investiga el presunto desvío de fondos durante los años 2013 a 2015. El magistrado tomó la palabra para responder a acusaciones mediáticas que señalaban que la causa estaba frenada o “escondida” en el Juzgado Federal.
Visiblemente nervioso dijo que “es totalmente falso que la causa haya estado escondida”. A partir de la alerta bancaria, el fiscal Carlos Gonella elaboró un informe y presentó la denuncia formal ante la Justicia Federal y, con ese requerimiento, se abrió la investigación sobre numerosas ONGs y fundaciones que, según las observaciones del banco estatal, extraían sumas importantes de dinero en efectivo por ventanilla, lo que llamó la atención de la entidad.
El juez Piedrabuena detalló que la indagatoria inicial no pudo avanzar porque el requerimiento fiscal “no reunía las condiciones necesarias”: “Una acusación no puede ser imprecisa. Debe establecer modo, tiempo y lugar. En este caso, esos requisitos no estaban cumplidos, y por eso declaré la nulidad y pedí al fiscal que ampliara la fundamentación”, indicó. De ahí, se explica la demora de casi 10 años de la causa, argumento incorrecto según juristas de Córdoba que indican “que el juez tenía todas las pruebas para avanzar en la investigación, con resoluciones y medidas en indagatorias, allanamientos y hasta detenciones, no hizo nada”.
“Tampoco no le interesó investigar ante pruebas contundentes como los reportes sospechosos emitidas por el banco y analizadas por la Unidad de Información Financiera (UIF)”, dijeron a EL FEDERAL, agregando que “tampoco investigó la cadena de mando superior, en este caso, al gobernador Luis Beder Herrera, teniendo en cuenta la modalidad del hecho delictivo, similar a lo ocurrido con Milagro Sala y la organización Tupac Amaru en Jujuy”.
En la conferencia, el juez expuso a sus colaboradores, el doctor Combina y Lilian Chumbita, reconociendo que el primero tiene un parentesco con uno de los imputados (Bosetti), pero que no participó en las indagatorias. “esta situación muy irregular tendría que haber sido informada al Consejo de la Magistratura, hasta podría haberse apartado de la causa”, dijo la fuente desde Córdoba. Agregando que “tuvo que salir en un medio de La Rioja, sino nunca nadie se hubiera enterado”.
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“Es muy evidente que su actuación es dilatar los procesos para encubrir a los más altos funcionarios imputados y en especial al entonces ex gobernador Beder Herrera”, indicó a nuestro medio.
En otro pasaje de la conferencia de prensa, el juez anticipó que el proceso será largo por la cantidad de incidentes y apelaciones que se van a plantear. “Esta causa no empieza hoy y termina mañana”, dijo. Adelantó que pedirá la intervención de peritos de la Corte para actualizar los montos bajo análisis, que al ser consultado cual es el monto total, dijo que alrededor de 1.000 millones. “Estamos hablando de sumas millonarias. Actualizado, puede superar los mil millones de pesos”, detalló.
Antes de cerrar pidió responsabilidad en el tratamiento público de la causa. “Queremos una justicia seria y responsable, pero también un periodismo serio y responsable”, manifestó. Y concluyó: “Los hechos hablan por sí solos. Lo que no vamos a permitir es que se instalen mentiras para confundir a la sociedad”.
Este periodista fue el primero en mostrar las planillas de las fundaciones involucradas, denunciando en el 2015 esta mega estafa a todos los riojanos, y siguiendo muy de cerca la causa cuando estuvo en manos de la fiscal Carmona. Agradeciendo además a las prestigiosas fuentes de juristas y personal de la justicia Federal de La Rioja y de Córdoba.