Por Angel Flores
La Rioja atraviesa una de las investigaciones más grandes de su historia reciente: una trama de fundaciones creadas a medida, armadas a las apuradas con parientes, amigos y operadores del poder político para recibir millones del Estado bajo el rótulo de “obras” que jamás existieron. Un mecanismo que, según el juez Daniel Piedrabuena, habría drenado 1.000 millones de pesos -según declaraciones del propio juez- destinados a asistencia y desarrollo, evaporados en manos de quienes debían administrarlos.
La maquinaria judicial se mueve, sí. Ejecuta indagatorias en cadena. Imputa a funcionarios, contadores, apoderados y familiares que firmaban papeles sin preguntar demasiado. Avanza sobre quienes ejecutaban las órdenes, sobre quienes aparecían en las actas, sobre quienes movieron el dinero. Pero se detiene, abrupta y sistemáticamente, frente a un nombre. El nombre que nadie en tribunales quiere pronunciar en voz alta: Luis Beder Herrera.
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Mientras la causa crece, mientras las pruebas se acumulan y mientras se revelan maniobras que huelen a fraude estructural, el exgobernador permanece en una zona blindada. No hay citación. No hay preguntas. No hay curiosidad judicial. No hay una sola línea que conecte oficialmente al conductor político de aquellos años con el escándalo que se gestaba a metros de su despacho. Y no porque falten sospechas: testigos describen un vínculo de extrema confianza entre Beder y el juez Piedrabuena, al punto de llamarlo “Choco” en ámbitos privados. Ese nivel de familiaridad, en cualquier provincia seria, sería suficiente para apartar al magistrado por lo menos preventivamente. Aquí, en cambio, es apenas una postal más del entramado de poder que flota sobre la causa como una nube negra.
La fiscal Carmona acompaña el silencio. Ni un pedido de imputación. Ni un requerimiento para que se investigue el rol político de la máxima autoridad de entonces. Ni siquiera una citación en calidad de testigo para preguntarle qué sabía, quién lo informó, quién autorizó los manejos de fondos nacionales que hoy están bajo sospecha. La fiscalía opera como si el gobernador de ese período no hubiera existido. Como si las decisiones se hubieran tomado solas. Como si la estructura política funcionara sin cabeza.
La escena alcanza niveles casi cinematográficos cuando aparece el video difundido por un portal local: un contador sale de un banco, carga diez cajas repletas de dinero en un auto particular y desaparece. Según fuentes bancarias citadas por el medio, esos fondos provenían de Nación para las fundaciones investigadas. La fecha es más reveladora que las imágenes: un día después de que Mauricio Macri ganara las elecciones de 2015. El poder cambiaba en Buenos Aires y, en La Rioja, alguien se apuraba a vaciar cuentas. El mensaje es brutal: había que mover el dinero antes de perder protección.
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Con semejante escena, con semejantes montos, con semejante estructura, la pregunta es inevitable y cada día más urgente:
¿Qué mecanismo impide que se investigue al responsable político máximo del período?
Porque la Justicia avanzó hacia abajo, hacia los operadores menores, hacia quienes firmaban órdenes de pago, hacia quienes abrían las fundaciones de cartón. Pero nunca hacia arriba. Nunca hacia quien tenía la responsabilidad institucional absoluta.
La respuesta no está en los expedientes.
No está en el Código Penal.
No está en la lógica judicial.
La respuesta está en el poder.
En la cercanía.
En el pacto tácito.
En los nombres que no se tocan, que no se investigan, que no se molestan.
Todos lo saben. Todos lo ven. Todos lo comentan en voz baja.
La causa avanza, pero avanza amputada.
Avanza mutilada.
Avanza con una claridad inquietante: la Justicia riojana investiga la estafa… siempre y cuando no llegue a quienes manejaban la provincia.
La Rioja es una tierra donde la Justicia corre rápido cuando se trata de funcionarios intermedios. Pero levanta el pie del acelerador cuando el camino apunta hacia quien, según testigos, llamaba “Choco” al juez que hoy decide quién cae y quién no.
Y por eso, en esta causa monumental, el único nombre que falta es, justamente, el que debería estar primero.
El nombre prohibido.
El nombre que la Justicia Federal no se atreve y tiene miedo en pronunciar.