[INVESTIGACIÓN DE EL FEDERAL ONLINE]
El Gobierno provincial profundizará el proceso de recuperación de viviendas sociales adjudicadas y que no cumplen los requisitos de uso o pago. Se aseguró que la estrategia incluirá más controles, más trámites judiciales y una política sostenida de desalojos para casos de incumplimiento.
Pero mientras la Provincia acelera la depuración del padrón, sobre Chamical pesa una acusación grave: los expedientes más comprometidos involucran a familiares directos de la intendenta, Dora Rodríguez, lo que explicaría —según fuentes de El Federal— la resistencia del municipio a permitir que los procesos avancen con normalidad.
Se remarcó desde el Gobierno que el mecanismo es claro: se reúnen pruebas del incumplimiento, el caso se eleva al juez y el magistrado determina el desalojo. “Las viviendas sociales son para que se ocupen y se cumpla el pago determinado. Vamos a acentuar el control, especialmente en Capital, donde aumentó la mora”, afirmó. También se sostuvo que cada vivienda recuperada alimenta el circuito financiero que permite construir nuevas unidades:
Sin embargo, en Chamical el proceso no avanza con la misma fluidez. Según pudo confirmar El Federal Online, a partir de documentación interna y fuentes de la municipalidad, varios de los casos que deberían estar avanzando hacia el desalojo corresponden a personas del círculo familiar de la intendenta Dora Rodríguez. Es precisamente allí —sostienen las fuentes— donde se registran maniobras para frenar o demorar la actuación judicial.
Entre los casos detectados figura Vanesa Rodriguez, señalada como sobrina de la intendenta, adjudicataria de una vivienda del programa 47 Viviendas (año 2022), que presenta mora y problemas de ocupación. Otro expediente corresponde a Alfredo “Chichi” Brandalisi, también sobrino de Rodríguez, beneficiario del programa 50 Viviendas (2021) y alcanzado por las mismas observaciones. No pagaron nunca o apenas unas cuotas.
A esa lista se suma Melina Saravia, identificada como hermana de Carla Aliendro (diputada provincial), y funcionaria del entorno municipal. Saravia recibió una vivienda en diciembre de 2024, dentro del último grupo de casas de tres dormitorios, y su situación también fue incluida en el informe que la Provincia remitió a la Justicia.
El caso más delicado es el de Mónica Bazán, prima de la intendenta, cuyo expediente incluye dos irregularidades simultáneas: no habita la vivienda y mantiene una deuda significativa. La situación derivó en un pedido de desalojo, pero —según la información recopilada— la jefa comunal habría ejercido influencia para frenar la medida, según fuentes de la municipalidad.
La acumulación de vínculos familiares dentro del grupo de morosos y no ocupantes no solo genera sospechas: dibuja un escenario en el que el acceso a la vivienda social —programa destinado a personas en situación de necesidad comprobada— aparece contaminado por criterios políticos y de favoritismo interno.
Mientras la Provincia asegura que llevará la política de recupero “hasta las últimas consecuencias”, Chamical queda en el centro de una tormenta política y judicial que recién empieza a tomar forma. Si la Justicia avanza sobre los expedientes trabados y confirma la interferencia municipal, el departamento podría quedar envuelto en uno de los mayores escándalos habitacionales de los últimos años en La Rioja.