El recienteinforme difundido por A24, que reveló el ranking nacional de los concejos municipales más caros del país, dejó al descubierto una realidad que en La Rioja muchos conocen pero pocos se animan a decir en voz alta: el Concejo Deliberante de la capital riojana integra la lista de estructuras políticas más costosas de la Argentina, aun cuando la provincia atraviesa una de las situaciones económicas más frágiles del país. Se estima que cada uno cobra de bolsillo entre 7 a 9 millones por mes.
Según el cuadro publicado por el canal de noticias, el Concejo Deliberante de la Ciudad de La Rioja maneja un presupuesto anual de $8.945 millones, una cifra exorbitante si se compara con la escala del municipio, la cantidad de habitantes y la calidad de servicios que recibe la ciudadanía. La cuenta es todavía más contundente cuando se divide el monto entre los 15 concejales que integran el cuerpo: cada uno de ellos demanda, en promedio, $596 millones por año al presupuesto municipal. Es decir, casi seiscientos millones por edil para una institución que sesiona poco, fiscaliza menos y mantiene una estructura interna cuyo funcionamiento real pocas veces se transparenta ante la opinión pública.
La aparición del Concejo riojano en el ranking nacional no sorprendió a quienes conocen la dinámica política local. La maquinaria administrativa, los cargos asociados, los contratos temporarios y las cajas internas forman parte de un sistema que se sostiene desde hace décadas, ajeno a cualquier exigencia de eficiencia o austeridad. Mientras los vecinos lidian con problemas estructurales —falta de agua, servicios saturados, calles deterioradas y un poder adquisitivo que se derrumba—, la política municipal opera en una burbuja presupuestaria que no guarda relación alguna con la realidad cotidiana de la provincia.
El informe de A24 generó molestia en la dirigencia, pero ningún funcionario salió a explicar cómo se compone el gasto ni qué produce el cuerpo deliberativo para justificar semejante presupuesto. No hubo aclaraciones, ni conferencia de prensa, ni apertura de números. Solo un silencio que revela incomodidad y que, al mismo tiempo, confirma que el tema es tabú dentro de la política riojana. El contraste es inevitable: en un año donde se le pide sacrificio a la ciudadanía, donde se ajustan servicios y se recortan programas, el Concejo Deliberante sigue consumiendo recursos sin rendir cuentas de manera efectiva.
El impacto de ver a La Rioja en un ranking nacional de gasto político —y no precisamente por un logro positivo— debería abrir un debate profundo sobre el tamaño y la función real del Concejo. Si cada edil cuesta casi seiscientos millones al año, la ciudadanía tiene derecho a exigir resultados, transparencia, control y presencia efectiva en los barrios. La realidad, lamentablemente, muestra lo contrario: un órgano caro, sobredimensionado y desconectado de las urgencias sociales.
La publicación del informe de A24 no hace más que exponer lo que la política local prefiere ocultar. En una provincia donde los recursos escasean y la crisis golpea todos los días, sostener un Concejo Deliberante con un presupuesto que roza los nueve mil millones de pesos se vuelve insostenible. La ciudadanía merece saber en qué se gasta, quién decide y qué beneficios concretos recibe a cambio.
La pregunta que queda flotando es simple y directa: ¿quién dentro del poder político riojano está dispuesto a discutir el costo real del Concejo Deliberante? Por ahora, nadie levanta la mano. Y mientras tanto, la cuenta la siguen pagando los vecinos.