El Concejo Deliberante de la Capital se prepara mañana para aprobar una ordenanza que le entregará al intendente Armando Molina un poder absoluto e inédito sobre todas las tierras municipales.
Lo sorprendente —y alarmante— es que el proyecto no solo cuenta con el aval del oficialismo: también fue consensuado y acompañado por concejales libertarios y radicales, que se sumaron al dictamen de la Comisión de Legislación sin objeciones de fondo.
En reunión de Comisión de Legislación en Diciembre, 04 de 2025 los concejales Guillermo Benzo, Yolanda Corzo, Viviana Luna, Nazareno Rippa y Ángel Ávila, le dieron al intendente vía libre sobre el patrimonio de los capitalinos.
Para que se entienda. El texto crea el llamado Banco de Tierras Municipal, pero detrás de ese nombre técnico se esconde un mecanismo que habilita al intendente a vender, subastar, ceder, cambiar de uso y hasta privatizar sectores de plazas, espacios verdes y corredores ambientales.
En algunos casos, la ordenanza permite que hasta el 30% de una plaza sea entregada a comercios privados, una maniobra inédita en la historia urbana de La Rioja.
Molina también podrá reasignar destinos, fijar precios, entregar lotes, firmar convenios urbanísticos, modificar zonificaciones y manejar la información dominial sin un control externo real.
Todo el proceso —valoración, adjudicación, escrituración— queda centralizado en el Ejecutivo, es decir, en manos del propio intendente.
Con esta ordenanza, el intendente obtiene un cheque en blanco para administrar a discreción el suelo público, abriendo la puerta a negociaciones políticas, convenios con privados y reasignaciones de terrenos sin la participación de los vecinos y con un Concejo que actúa como simple escribanía.
La gravedad institucional es evidente:
se habilita una verdadera “inmobiliaria personal” de Molina, capaz de decidir quién recibe qué tierra y con qué fin, sin controles independientes.
Una concesión de poder tan amplia y discrecional, consensuada por oficialistas, libertarios y radicales, marca uno de los retrocesos más serios en materia de transparencia urbana y defensa del patrimonio municipal.