Por Angel Flores
El Concejo Deliberante de la Capital le puso un límite al avance del intendente Armando Molina y volteó el Banco Municipal de Tierras, una ordenanza diseñada para concentrar en el Ejecutivo el control absoluto sobre el patrimonio inmobiliario de la ciudad.
El proyecto, presentado como una herramienta “técnica” de planificación, en realidad habilitaba la venta, cesión, subasta y permuta de lotes, plazas y espacios verdes mediante resoluciones administrativas, sin controles reales, sin límites temporales y sin la obligación de someter cada operación al debate del Concejo. En los hechos, un cheque en blanco para disponer de bienes públicos.
El expediente llegó al recinto con apoyo del núcleo duro del oficialismo y aliados circunstanciales. Votaron a favor Guillermo Benzo, Alberto Centeno, Yolanda Corzo, Pablo Herrera, Ximana Marenco, Karina Martínez, Marcela Martínez y Mily Rezinowsky, quienes avalaron una norma que dejaba a la ciudad a merced de decisiones discrecionales del intendente.
Pero no alcanzó. La ordenanza cayó en el recinto y el oficialismo sufrió un golpe político directo, dejando expuestas las grietas internas y la creciente desconfianza frente a una gestión que pretendió avanzar sobre plazas, terrenos y espacios verdes sin explicar con claridad para qué, cómo y en beneficio de quién.
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Lo más insólito fue el voto de la libertaria Karina Martínez. En su debut y en la primeta sesión, voto a favor del proyecto enviado por Armando Molina, motivo que dentro de los concejales opositores, fue repudiado.
El rechazo no fue casual. Durante el debate quedaron en evidencia los riesgos de negociados inmobiliarios, la falta de transparencia, la inexistencia de mecanismos de control independientes y la sospecha de que el Banco de Tierras era, en realidad, una caja paralela en potencia para enfrentar urgencias financieras y compromisos políticos.
El mensaje del Concejo fue contundente: no todos estuvieron dispuestos a firmar la entrega del patrimonio público. Al menos por ahora, las tierras de la ciudad no quedaron bajo control exclusivo del intendente.
La pregunta que queda flotando es incómoda pero inevitable:
¿por qué una gestión que dice defender lo público insiste en quedarse con la llave para venderlo?