Por Angel Flores
Las pruebas ya no admiten discusión. El saqueo del Banco Rioja ocurrió y hoy está documentado en video. Lo que durante diez años fue un rumor cuidadosamente silenciado por el poder político, El Federal lo expuso con imágenes irrefutables. Y sin embargo, tres semanas después, la Justicia riojana sigue paralizada, como si nada hubiera pasado.
No hay explicaciones técnicas. No hay excusas procesales. Hay encubrimiento.
Los videos muestran un operativo ilegal y obsceno: extracción de cajas con dinero fuera del horario bancario, custodia policial garantizando el traslado, vehículos particulares cargando fondos públicos como si fueran pertenencias privadas. Todo bajo la coordinación del contador Ticac, ejecutando órdenes que jamás podrían haberse dado sin respaldo político del más alto nivel.
El contexto agrava el delito. El saqueo se produce un día después del triunfo de Mauricio Macri, cuando el gobierno de Beder Herrera entendió que el ciclo de impunidad podía terminar. Fue una maniobra desesperada, rápida y clandestina para vaciar el banco antes de perder el control político nacional.
Durante una década, el relato oficial negó, minimizó y ridiculizó el hecho. Hoy ese relato se derrumbó. Lo que quedó en pie es algo aún más grave: una Justicia que decide no actuar aun cuando las pruebas están sobre la mesa.
La fiscal Carmona no abrió una investigación seria.El juez Piedrabuena no incorporó los videos a la causa iniciada por las ONG, pese a que esos fondos tenían un destino específico y legalmente protegido.
No hay citaciones. No hay allanamientos. No hay medidas urgentes. No hay Justicia.
Cuando un sistema judicial ignora pruebas audiovisuales de un saqueo millonario, ya no hablamos de inacción, hablamos de complicidad estructural. La Justicia riojana no es lenta: es selectiva. Rápida para perseguir a los débiles, ciega frente a los poderosos.
Las reacciones políticas existieron, pero fueron puertas adentro: llamados nerviosos, conversaciones apuradas, intentos de minimizar el impacto. Lo que no existió fue una respuesta institucional. Nadie dio explicaciones. Nadie pidió investigar. Nadie se puso del lado de los riojanos.
Porque investigar este saqueo implica tocar a Beder Herrera, y en La Rioja, todavía hoy, eso parece estar prohibido.
El mensaje es claro y brutal:
en esta provincia se puede saquear un banco público, quedar registrado en video y, diez años después, seguir protegido por fiscales y jueces.
El daño ya está hecho. No solo se llevaron dinero. Se llevaron la confianza pública, se llevaron la legalidad y dejaron al descubierto un sistema donde el poder político roba y el poder judicial garantiza la impunidad.
Las pruebas están.
Los responsables están identificados.
La Justicia también.
Y su silencio ya es una confesión.