[REDACCIÓN EL FEDERAL] La causa contra Alexis Aguilar, detenido por instalar cámaras ocultas en departamentos que alquilaba en la capital de La Rioja, podría ampliarse en los próximos días, ya que no se descarta la aparición de nuevas víctimas. Así lo confirmó el abogado querellante Sergio Gómez, representante legal de las jóvenes denunciantes.

En diálogo con MEDIOS RIOJA, el letrado sostuvo que, según surge de la investigación preliminar, Aguilar seleccionaba deliberadamente a sus inquilinas. “Solo le alquilaba a chicas jóvenes, generalmente del Interior provincial y dentro de una franja etaria determinada”, afirmó. Esa conducta refuerza la hipótesis de un accionar sistemático y planificado.

Gómez describió el mecanismo con crudeza: “Las grababa las 24 horas, como si fuera la casa de Gran Hermano”, ironizó, al referirse a la vigilancia permanente a la que habrían sido sometidas las víctimas dentro de sus propios domicilios.

Actualmente, Aguilar permanece detenido acusado del delito de violación de domicilio en concurso real por tres hechos, cuya pena máxima prevista es de dos años de prisión. Sin embargo, el abogado remarcó una grave falencia del sistema penal: “No hay un delito que describa con exactitud la conducta de Aguilar”, lo que abre el debate sobre vacíos legales frente a este tipo de hechos.

Además, cuestionó las primeras actuaciones: “En una primera instancia falló el acompañamiento a las víctimas”, señaló, en referencia a la respuesta inicial que recibieron las jóvenes tras realizar las denuncias.

El caso salió a la luz luego de que al menos tres estudiantes denunciaran en la comisaría Séptima que el propietario de un complejo de departamentos, ubicado en Carlos Gardel al 9000, en el barrio Luis Vernet, había colocado cámaras en los tragaluces de las viviendas. De esta manera, obtenía grabaciones directas de los dormitorios.

Una de las denunciantes logró acceder a la memoria de la cámara instalada en su habitación y confirmó la existencia de los videos. También relató que el propietario tenía copia de las llaves de los departamentos y, aunque en algunos casos ingresaba con permiso, las víctimas sospechan que entraba sin autorización.

La fiscal Nadia Schargrodsky solicitó la detención de Aguilar y advirtió sobre la situación de “riesgo extremo” que atravesaban las víctimas si el acusado permanecía en libertad. La jueza Gisela Flamini interviene en la causa.

El Ministerio Público Fiscal dispuso el peritaje de computadoras, cámaras y CDs secuestrados, con el objetivo de determinar el contenido de las grabaciones y la responsabilidad penal del acusado. Además, se ordenó una evaluación interdisciplinaria, con entrevistas y técnicas proyectivas para establecer posibles índices de peligrosidad.

En su fundamentación, la fiscal subrayó que “las conductas reprochadas implican una agresión en un contexto de violencia de género”, y reclamó una respuesta urgente del Estado, en cumplimiento de compromisos internacionales. También solicitó medidas de protección: prohibición de acercamiento, de contacto por cualquier medio, y el cese de actos de perturbación o intimidación, tanto en el ámbito físico como digital.

Asimismo, pidió una prohibición expresa de difundir imágenes, videos, insultos o cualquier contenido vinculado a la intimidad de las víctimas.

La investigación continúa abierta y, con el avance de los peritajes, no se descarta que más mujeres se presenten a denunciar, ampliando una causa que ya genera profunda conmoción en La Rioja.