Por Angel Flores
El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja volvió a mirar hacia adentro y a cerrarse sobre sí mismo. En acuerdo entre sus miembros, el Alto Cuerpo eligió al Dr. Claudio Nicolás Saúl para encabezar el Poder Judicial provincial durante el próximo período judicial, en una decisión que se toma en medio de graves y reiteradas denuncias públicas por presuntas irregularidades administrativas, financieras y de funcionamiento, muchas de ellas expuestas por este medio.
También se estableció el orden de las vocalías del Tribunal Superior de Justicia para el próximo período. La conformación quedó definida de la siguiente manera: Primer Vocal, Dra. Gabriela Irina Asís; Segundo Vocal, Dr. Luis Alberto Nicolás Brizuela; Tercer Vocal, Dra. Ana Karina Becerra; y Cuarto Vocal, Dr. Claudio José Ana.
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La designación no sólo ignora el contexto de crisis institucional que atraviesa la Justicia riojana, sino que refuerza la sensación de autoprotección corporativa de un organismo que, lejos de rendir cuentas, parece decidido a blindarse frente al escrutinio público.
Durante los últimos meses, El Federal ha documentado y publicado una serie de informes que dan cuenta de manejos poco transparentes dentro del TSJ, irregularidades administrativas, decisiones discrecionales y un funcionamiento cada vez más alejado de los principios de austeridad, publicidad de los actos y control republicano.
Sin embargo, ninguna de estas denuncias fue aclarada públicamente, ni se impulsaron auditorías independientes, ni hubo explicaciones institucionales. Tampoco se conocieron investigaciones de oficio por parte de fiscales o jueces, lo que agrava aún más el cuadro: el Poder Judicial investigándose a sí mismo… o directamente eligiendo no investigar.
La elección de Saúl no es un hecho aislado, sino la confirmación de una lógica que se repite:
cuando arrecian las denuncias, el TSJ responde con silencio, y cuando la sociedad espera gestos de transparencia, responde con acuerdos internos.
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La señal es clara: todo sigue igual.
Mientras causas sensibles duermen en los cajones, mientras expedientes de alto impacto político y económico no avanzan, mientras crece la desconfianza ciudadana, el TSJ decide su conducción como si nada ocurriera, desconectado de la realidad social y del reclamo de justicia de los riojanos.
La pregunta ya no es quién preside el Tribunal Superior de Justicia, sino a quién responde y por qué elige no dar explicaciones.
En una provincia donde la Justicia debería ser garantía de equilibrio y control del poder, el máximo tribunal parece haber optado por otra función: administrar el silencio.
Y cuando la Justicia calla, la democracia se debilita.